José Ramón "Nené" Barral, exalcalde de Ribadumia acusado por la Fiscalía y la Agencia Tributaria como autor de dos delitos fiscales por el que solicitan penas que suman ocho años de prisión, negocia con el Ministerio Público y con Hacienda un posible acuerdo mediante el cual obtendría una importante rebaja de las penas de prisión y multa que inicialmente le reclaman a cambio de reconocer los hechos que se le imputan. Además, este eventual acuerdo incluiría también la asunción por parte de Barral de toda la responsabilidad por estos delitos contra la Hacienda Pública, de tal forma que por parte de la Fiscalía y la Agencia Tributaria se retiraría la acusación que ahora mismo pesa contra sus tres hijas, Avelina, Carmen y María Silvia como "cooperadoras necesarias" del exalcalde.

En su escrito de acusación, el fiscal especializado en delitos económicos de Pontevedra solicita para Barral penas de cuatro años de prisión por cada uno de los dos delitos fiscales que se verían rebajadas de forma sustancial en el caso de que este acuerdo llegue a buen puerto, además de la retirada de los cargos respecto a sus hijas, que afrontan penas idénticas.

El acuerdo también incluiría una rebaja en las penas de multa que se solicitan actualmente, de medio millón de euros por cada uno de los delitos fiscales. En lo que sí se mantendría firme la Agencia Tributaria y el Ministerio Fiscal es en la devolución íntegra de la cantidad supuestamente defraudada a Hacienda: en este caso 676.967 euros que el exalcalde no solo deberá ingresar al Estado, sino que deberá consignarlos previamente si quiere que el acuerdo con la Fiscalía y Hacienda se rubrique. Es decir, la premisa de la Agencia Tributaria es que no habrá acuerdo mientras no se devuelva el capital que se defraudó al erario público.

A la vista de que las conversaciones entre ambas partes parece que tienen visos de llegar a buen puerto, se ha solicitado un aplazamiento del juicio que inicialmente estaba previsto para el próximo 20 de enero en el juzgado de lo Penal 2 de Pontevedra, petición a la que ha accedido el magistrado titular de este tribunal.

Además, las partes han acordado que dicho aplazamiento permita a las partes disponer de tiempo suficiente para madurar un acuerdo que zanje de forma definitiva este caso de tal forma que la vista no se celebraría hasta el próximo mes de mayo.

Según el escrito del fiscal, Barral tuvo una ganancia patrimonial de algo más de millón y medio de euros entre 2006 y 2007 por la que no tributó de ahí que ahora se le reclamen estos 676.967 euros.