Francisco Díaz criticó ayer la "desidia de las administraciones" a la hora de exigir la paralización de las actividades de otras empresas con concesión, por lo que recuerda que "esta resolución es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno, por lo que la Administración del Estado está obligada a llevarla a su debido cumplimiento. Ello significa que la Dirección General de Costas debe incoar el expediente de caducidad en el plazo de dos meses, paralizando hasta entonces cualquier actuación que pudiese interferir en el mismo".
Añade que "teniendo en cuenta que Elnosa carece de cualquier título habilitante para ocupar y realizar sus actividades industriales en dominio público marítimo-terrestre, desde aquí, emplazamos el cumplimiento de la sentencia". También apunta que la "recuperación integral de las marismas de Lourizán se vislumbra próxima e inevitable".
