El sindicato de enfermería Satse denunció ayer que un real decreto aprobado el pasado 23 de octubre por el Gobierno del PP impedirá a más de 3.800 enfermeros de Pontevedra poder usar e indicar determinados fármacos de uso cotidiano, "lo que provocará, una vez que sea publicado en el BOE, que los pacientes tengan que pasar en todo momento por la consulta de su médico de cabecera".
Según los profesionales, el único objetivo es "darle protagonismo al equipo médico, pese a que el afectado va a ser el paciente y su familia".
La secretaria general autonómica y secretara provincial de Satse en Pontevedra, Carmen García Rivas, y la secretaria de acción sindical autonómica, María Teresa Joaquín, explicaron ayer en rueda de prensa lo que definieron como "un grave problema asistencial en la provincia".
Ambas enfermeras señalaron que, entre otras cosas, los profesionales de este gremio no podrán administrar vacunas, como la de la gripe, ni regular la medicación a los pacientes hipertensos ni a los diabéticos, así como tampoco utilizar cremas sujetas a prescripción médica para curar heridas, quemaduras o úlceras, algo que venían haciendo hasta ahora "porque la Ley del Medicamento reconocía la receta enfermera".
Además, el real decreto afectará a los servicios de urgencias, a las ambulancias y a las asistencia domiciliaria, "ya que no siempre contamos con médicos en todo momento".
"Todo ello supondrá engrosar las listas de espera, más consultas médicas y más gestiones por parte del paciente", advirtieron.
"El texto del real decreto fue modificado a traición, porque cambia todo lo consensuado en reuniones anteriores", aseguró Carmen García, que señaló que el problema está, concretamente, en el artículo 3, que implicará "que todo se tenga que derivar al médico".
"Nuestra seguridad jurídica está en cuestión y nuestra póliza de responsabilidad, si seguimos haciendo el trabajo como hasta ahora, no nos cubriría Además, podemos ser acusados de intrusismo", subrayó.
Campaña de acción
Las representantes de los enfermeros de Pontevedra hicieron hincapié en que una vez que se publique en el BOE el real decreto, el Gobierno del PP "pasará la patata caliente a las comunidades autónomas". En este sentido, señalaron que Satse ya había enviado una carta al conselleiro de Sanidade, Xesús Vázquez Almuiña, sobre la que aún no habían obtenido respuesta.
Otras medidas que el sindicato ha puesto en marcha son las campañas de información, a la opinión pública y a las gerencias de los centros de salud, "para que se conozca la decisión del Gobierno del PP".
La rueda de prensa de ayer en Pontevedra tuvo lugar, simultáneamente en todas las provincias gallegas, según Carmen García y María teresa Joaquín.
Satse está ahora pendiente del dictamen jurídico realizado por un catedrático de Derecho "porque el real decreto vulnera las estructuras de Estado y la ley de Procedimiento Administrativo". En esta línea, tienen prevista la creación de un grupo de expertos y están en contacto con abogados para celebrar el 19 de noviembre un encuentro a nivel autonómico.
Además, pondrán en marcha un "call center"para que los profesionales que sean obligados en contra del real decreto sepan cómo deben actuar.
"Esperamos que haya presiones por parte de las direcciones de los centros de salud y hospitalarios, por eso nos queremos defender", afirmó Carmen García, que anunció que los enfermeros gallegos tienen pensado reclamar de forma individual ante el Gobierno.
