La Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará esta semana a Mario G. P. como autor de un delito continuado de estafa que tendría como víctima a su mujer y por el que el fiscal solicita inicialmente una pena de seis años de prisión. La víctima, en este caso, sería su exesposa quien tuvo que responder con su patrimonio por diversas operaciones supuestamente realizadas por el acusado sin su consentimiento una vez que ambos estaban ya separados.

Según el escrito del fiscal, el matrimonio se disolvió en febrero de 2005 mediante una sentencia dictada por el juzgado número 2 de Caldas de Reis. Fruto de esta separación, entre otros acuerdos, se estableció la división por la mitad de la vivienda de ambos en el barrio de A Tafona, en esta misma localidad. Ese mismo año, la ya exesposa del acusado le otorgó un poder general notarial al acusado con el propósito de que pudiera liquidar el patrimonio común sin necesidad de que la mujer tuviera que desplazarse desde su localidad de residencia a Caldas para firmar documentos.

El fiscal acusa a Mario G. P. de realizar una primera operación en 2007, un contrato de arrendamiento financiero mobiliario de un camión con una entidad bancaria comprometiéndose al pago de 48 cuotas de 1.008 euros más IVA e hizo constar como fiadora a su exmujer sin que esta utiliza conocimiento de la operación y la autorizase. Supuestamente utilizó para ello el poder antes mencionado.

Finalmente resultaron impagadas las mensualidades convenidas de tal forma que el juzgado acabó condenando al acusado y a su mujer a pagar 47.361 euros más costas, que fueron fijadas en 19.506 euros, además de una provisión de 5.851 euros para intereses que abonó la exmujer del acusado.

El 25 de febrero de 2010 el acusado, según el fiscal, constituyó en escritura pública un préstamo por importe de 85.000 euros garantizado con una hipoteca constituida sobre la vivienda de la que era copropietario al 50% junto a su exmujer, actuando en su propio nombre y en el de ella sin su conocimiento ni consentimiento.

El fiscal, además de los seis años de prisión reclama doce meses de multa a razón de seis euros al día y en materia de responsabilidad exige que se declare la nulidad de la escritura de hipoteca de 2010 y su cancelación registral, así como la nulidad del contrato financiero de 2007 lo que supondría la devolución de los 47.361 euros cobrados a la mujer por la entidad financiera que ahora deberá abonar el acusado, junto con los 19.500 de las costas y los 5.851 de los intereses. También pide que devuelva los 85.000 euros que recibió del préstamo.