La actualización en un 10% de los valores catastrales del municipio, decretado por el Ministerio de Hacienda para 2016 supondrá un incremento de al menos 240 millones de euros en la tasación actual que se utiliza para elaborar los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles. En pleno periodo de pago voluntario del IBI (que es una de las principales vías de ingresos del Concello con una recaudación en torno a los 17 millones de euros), el Gobierno central ha situado a Pontevedra entre los 15 municipios de la provincia donde se aplicará esta actualización. La medida responde al desfase de la ponencia de valores vigente en la capital, que no se renueva desde 2001 y, según Hacienda, los valores catastrales en la ciudad están por debajo del 50% del valor de mercado de los inmuebles. Esta misma situación se produce en Poio (cuya ponencia de valores es de 2003), Vilaboa (1990) y Marín (1988, la más antigua de la provincia).
Según los datos oficiales de la Dirección General del Catastro, el valor que el Ministerio de Hacienda otorga a todos los inmuebles y propiedades de Pontevedra es de 2.480 millones de euros. Con la actualización acordada para 2016, esa cifra se incrementará en más de 240 millones de euros de un atacada, para rondar los 2.700 millones. Supone un incremento de golpe similar al que se acumuló paulatinamente desde 2009 hasta ahora. Hace seis años ese valor catastral apenas superaba los 2.200 millones y desde entonces era actualizado en porcentajes muy pequeños, entre el 1 y el 4% en función de las altas de cada ejercicio.
El efecto más destacado de este aumento se producirá en los recibos que pagan los contribuyentes, ya que el valor catastral es la base para el cálculo del IBI, aplicando un coeficiente que decide cada Concello. En el caso de Pontevedra, su concejal Raimundo González Carballo ha apuntado ya en varias ocasiones desde que se conoció este decreto que la actualización "no repercutirá en los recibos que se pagan ahora". Recuerda que desde 2012 una orden del Gobierno central obligaba a aplicar un recargo del 10% en los recibos, para cubrir el descenso de ingresos de las arcas municipales. La vigencia de esa orden concluye ahora, con el ejercicio de 2015. De modo que al eliminarse ese 10% anterior y aplicarse desde el próximo año un porcentaje similar por esta actualización del valor catastral, el importe real del IBI de cada ciudadano se equilibra. En todo caso, el edil asegura que en el supuesto de que los cálculos finales detectaran un aumento de esos recibos, "se retocaría la ordenanza" para reajustar a la baja el coeficiente municipal. De hecho, el agosto pasado, antes de conocerse esta actualización, el gobierno local acordó una congelación de tasas e impuestos municipales para el año 2016 por segundo año consecutivo, con lo que una subida del IBI rompería ese acuerdo. Este impuesto, más el IAE, Vehículos, saneamiento, obras y otra veintena de ordenanzas fiscales se mantendrán todo el año igual que desde 2013.
La aplicación de esta actualización del 10% puede ser solicitada por cada Concello si se cumplen algunas condiciones,. Una es que "hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el año 2016 requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2011". Otra es que "se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio".
