La validez de escuchas telefónicas y otras pruebas centraron la primera sesión del macrojuicio contra una veintena de miembros del denominado clan Roma, que esta mañana comenzó en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Las defensas trataron de impugnar dichas pruebas, cuya validez se resolverá finalmente en la sentencia -según dictaminó el tribunal-, de modo que podrán ser presentadas y rebatidas a lo largo de la vista, que se prevé larga.

Se acusa a veinte personas presuntamente vinculadas al clan del arousano José Ramiro Vázquez Roma, del transporte de unas 4 toneladas de cocaína, en una operación intervenida por el Servicio de Vigilancia Aduanera en 2007.

En la primera vista del juicio se expusieron las cuestiones previas, en las que las defensas trataron de invalidar las escuchas telefónicas, además de aportar nuevas pruebas para ser tenidas en cuenta durante el proceso. Las defensas de algunos de los veinte imputados consideran "contraria a derecho" la forma en que se obtuvieron dichas escuchas, por "vulnerar los derechos fundamentales" de sus representados. También recurrieron las "interpretaciones sesgadas" de las pruebas aportadas por el Servicio de Vigilancia Aduanera.

El fiscal antidroga, Luis Uriarte, se opuso a la impugnación de las escuchas, por considerar que el modo que se obtuvieron están avaladas por el procedimiento judicial. Uriarte entiende además que el se desarrolló con "numerosos indicios concretos y objetivos".

El Ministerio Público da por probado que los acusados formaban parte de una organización criminal, que tenía como finalidad el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, para los pide penas de prisión que varían entre los cinco y los 27 años, y multas por más de 6.000 millones de euros. El juicio continuará el lunes día 5, a partir de las 10.00 horas.

Asistió a la vista Carmen Avendaño, conocida activista contra el narcotráfico, quien explicó que lo hacía en apoyo a uno de los imputados, por ser éste una persona ya reinsertada en la sociedad. Avendaño lamentó la demora de los procedimientos como éste, que llega a los juzgados ocho años después de su apertura.