Septiembre de 2020. Esta es la fecha que han trasladado las autoridades españolas (aparentemente la Xunta de Galicia) a la Comisión Europea como horizonte para solventar los problemas de depuración de las aguas que acaban en la ría de Pontevedra. Así se pone de manifiesto en la respuesta dada por el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, a una pregunta formulada por el eurodiputado socialista José Blanco.
Blanco incidía de nuevo sobre la mala situación de las aguas de la ría de Pontevedra a raíz de la decisión de la Xunta de Galicia de reclasificar como zona C dos polígonos de bateas (el Portonovo A y el D), algo que provoca que el mejillón de las zonas afectadas solo podrá destinarse a la industria conservera y no a la venta en fresco. Una decisión, explicaba Blanco, que estaría motivada por la contaminación de la ría como consecuencia de los vertidos en ella.
Blanco también recordaba que pese a que existe ya una denuncia ante el Tribunal Europeo contra España por los problemas de saneamiento de los núcleos de Pontevedra, Marín, Poio y Bueu por incumplir la normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, la zona afectada no está cubierta por las operaciones de mejora del saneamiento financiadas a cargo de los fondos FEDER para Galicia. Preguntaba Blanco si la Comisión conocía la decisión adoptada por el gobierno gallego y si está al tanto de la situación en el margen norte de la ría de Pontevedra en materia de saneamiento y que trabajos se están realizando para corregirla. También preguntaba si había a mayores algún procedimiento de infracción en relación a la zona donde se ubican estos polígonos bateeiros.
Bateas en Portonovo
La respuesta del comisario Vella viene a señalar que el procedimiento sancionador iniciado ante el Tribunal Europeo ya incluye a toda la ría de Pontevedra. Aunque desconocía la decisión de la Xunta de reclasificar dos polígonos de bateas, "sí en cambio la Comisión ha sido informada por las autoridades españolas de su propósito de mejorar varios sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas que prestan servicio a la aglomeración de Pontevedra-Marín-Poio". "Su objetivo -añade- es poder ofrecer ya un tratamiento terciario en septiembre de 2020 y, a tal fin, proyectan hacer uso de las ayudas financieras del Feder" en este caso para el periodo 2014-2020. El tratamiento terciario es el que exige la normativa europea en vigor y conlleva una mayor pureza del agua que acaba vertiéndose al mar.
Con todo, Vella recuerda al eurodiputado socialista que "debido al vertido a la ría de Pontevedra de aguas residuales tratadas insuficientemente, la Comisión sigue considerando que el Reino de España incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/271/CEE y ha remitido por tanto este asunto al Tribunal de Justicia", en referencia a la ya citada denuncia que todavía está en marcha.
En otra respuesta a una pregunta por este misma cuestión formulada por los eurodiputados de Podemos, Vella vuelve a señalar una posibilidad que ya adelantó este periódico y es que se pudieran esquivar las posibles sanciones económicas derivadas de estos incumplimientos si se corrigen a tiempo estos fallos en el tratamiento de aguas residuales. Recuerda que hay tres denuncias distintas contra España por este tipo de infracciones y que en estos casos pueden dar lugar, "en último término", a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. "Si no se ejecuta una primera sentencia en que se declare que el Estado miembro infringe el Derecho de la Unión y el asunto se somete al Tribunal por segunda vez, este puede imponer sanciones económicas al Estado miembro. Sería deseable que las situaciones de incumplimiento de la directiva se resolviesen lo antes posible, sin que el Estado miembro tenga que ser remitido al Tribunal por segunda vez", señala el Comisario europeo de Medio Ambiente.
