El fiscal de Delitos Económicos acaba de remitir a los tribunales un escrito en el que impugna el recurso de apelación presentado por la defensa de la Cooperativa del Mar San Miguel de Marín y de su presidente, José Luis Santiago Pereira, condenado por tres delitos fiscales por las ventas de pescado en "B" a través de la Cooperativa. En total, Santiago Pereira fue condenado a tres años de prisión (un año por cada delito) y al pago de una multa de algo más de un millón de euros que, según la sentencia, fueron defraudados al fisco. La defensa recurrió ante la Audiencia Provincial, quien tendrá la última palabra sobre este asunto y ahora el fiscal se opone a este recurso pidiendo que se confirme la decisión judicial.
Cabe recordar que la Cooperativa también fue condenada al pago de una multa de 745.239 euros y en materia de responsabilidad civil tanto Santiago Pereira como la entidad deberían también hacer frente a la devolución del millón de euros defraudado a Hacienda.
De momento, el Ministerio Público, en un escrito fechado la semana pasada, se opone a este recurso y pide la confirmación de la sentencia de prisión. En total, la defensa de Santiago Pereira y de la Cooperativa expone más de nueve motivos para atacar la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal. Entre ellos, por ejemplo, asegura que se habrían vulnerado los derechos procesales de la Cooperativa en el juicio celebrado la pasada primavera en Pontevedra. El fiscal responde que la entidad estuvo convenientemente representada por un procurador y un letrado, además de por su representante legal, el acusado, que se sentaba en el banquillo.
También cuestiona la defensa que la autoría de los tres delitos fiscales se pueda atribuir a José Luis Santiago, algo que rechaza el fiscal, puesto que era el representante legal del ente y por lo tanto "asume las obligaciones contables y fiscales" de la misma, además de "tener conocimiento de ellas". También se opone a que una serie de bajas médicas que sufrió el acusado pudieran haber influido en el ejercicio del cargo que ostentaba.
Valoración de la prueba
Otro de los puntos en los que se hace hincapié en este recurso es en un posible error de la magistrada del juzgado de lo Penal al valorar la prueba. Son fundamentales los documentos que hacen referencia a una facturación que demostraría las descargas y las ventas en "B". La defensa señaló que se trataba de albaranes que luego eran recogidos en la facturación pero el fiscal cree que esta explicación quedó suficientemente "desvirtuada" en el juicio dado que "la mercancía que constaba en dichos documentos no coincidía con la que aparecióa en las facturas que deberían ser correlativas".
