11 de septiembre de 2015
11.09.2015

El edificio del Club Ciros fue ofrecido para albergar un centro de día del Concello de Vilaboa y evitar así su derribo

Tras analizarse su viabilidad, la idea fue descartada -El local lleva varios años cerrado

11.09.2015 | 09:00
Vista del Club Ciros en la carretera de Vilaboa // Gustavo Santos

El Club Ciros, conocido durante años por su actividad como local de alterne, será derribado en cuestión de meses, según los planes de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), pero sus propietarios, la empresa Pamifrán, trató desde 2005 de impedir esa demolición, no solo con una sucesión de recursos judiciales sino también con la búsqueda de otras alternativas para un edificio de gran tamaño como el ubicado al borde de la N-550 en Paredes, en el municipio de Vilaboa.

El club de alterne lleva ya más de dos años cerrado como tal y, por tanto, acumulando abandono y deterioro. La orden de cese de actividad y demolición de la APLU es de 2005 pero durante una década hubo pleitos y recursos por parte de los propietarios, que manejaron otras alternativas para, al menos mantener el edificio en pie, aunque ya no como club de alterne. Una de esas opciones fue ofrecer su uso al Concello de Vilaboa para un destino social, en concreto como centro de día para atender a personas de la tercera edad. El alcalde, José Luis Poceiro, admitió ayer que el gobierno local llegó a estudiar la viabilidad de esa propuesta y se planteó incluso a la APLU, pero la existencia de un expediente urbanístico del calibre del que afecta al Ciros impidió cualquier aprovechamiento futuro del inmueble. Poceiro incluso participó en alguna de esas reuniones de los dueños con la APLU, sin éxito ya que el edificio se ejecutó sin licencia municipal y sin autorización autonómica previa, por lo que su legalización es imposible.

De hecho, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), ha encargado ya la redacción del proyecto para la demolición de este inmueble, un asunto que se reactivó después de una década de pleitos, en la que los propietarios del negocio trataron de anular en los tribunales la resolución urbanística dictada por la Xunta en 2005.

En octubre de ese año el director xeral de Urbanismo firmó la resolución que declaraba "ilegales e ilegalizables las obras de construcción de una edificación dedicada a uso hotelero" en Paredes, así como "las obras y usos implantados por la entidad mercantil Pamifrán sin la preceptiva autorización autonómica y licencia urbanística municipal". Aquella resolución ordenaba su demolición y prohibía "definitivamente los usos a los que diesen lugar, para lo cual se fijó un plazo de dos meses; ordenándose el cese inmediato de los usos y actividades de bar-restaurante, pub y complejo hotelero que se venían desarrollando en la edificación ilegal; y apercibiéndose a los interesados de que en caso de incumplimiento de la orden de demolición en el plazo concedido y de cese inmediato de la actividad se procedería a su ejecución subsidiaria o a su ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas". Llegaron a imponerse hasta seis de estas multas.

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