Cinco millones de euros, que tendrán que saldarse antes de 2017. Este es el resultado final del acuerdo al que acaban de llegar el gobierno local y Sogama para que Pontevedra salde su vieja y prolongada deuda con la empresa pública por el tratamiento de la basura. Tras quince años de discrepancias y pleitos judiciales sobre la cuantía real del canon que el Concello debía pagar por cada tonelada tratada, ambas partes ponen punto final a este proceso y cierran no solo el montante total de los impagos, sino también un posible calendario para esos abonos.
El portavoz del gobierno local y concejal de Facenda, Raimundo González explicó ayer que el acuerdo económico ya está cerrado, si bien aún hay negociaciones para aspectos colaterales del convenio. Según los datos aportados por el concejal, el acuerdo pasa por el pagado de un total de 5.051.063,53 euros correspondientes al servicio prestado por Sogama entre 2009 y 2014. De esa cifra 4.729.645,79 euros corresponden al principal, es decir, la cantidad que el Concello dejó de pagar a Sogama en las facturas mensuales. Otros 321.000 euros son los intereses acumulados, pero referidos solo a año 2009, ya que la empresa pública "condona" los que se produjeron entre 2010 y 2014 y que, según González Carballo, sumarían más de 500.000 euros que el Concello finalmente no tendrá que pagar.
Esos cinco millones de euros se pagarán en tres plazos. El 53% (algo menos de 2,7 millones) se saldará este mismo año, antes del 30 de noviembre, y el resto en dos partes previsiblemente a lo largo de 2016, como exige Sogama, si bien el gobierno local trata de prolongar ese calendario. Este es uno de los "flecos" aún pendientes en la negociación.
Pese a que el Concello no logra reducir la cifra por debajo de los cinco millones de euros, el concejal de Facenda calificó ayer el acuerdo como "bueno" por el "ahorro" de 500.000 euros en los intereses desde 2010 a 2014, a los que renuncia Sogama salvo los de 2009 porque existe ya una sentencia judicial, en primera instancia, que le dio la razón a la empresa pública y que está recurrida por el Concello en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. González admite que este recurso tiene "nulas posibilidades de prosperar" porque el TSXG ya se ha manifestado a favor de Sogama en resoluciones anteriores.
Derrotas judiciales
De hecho, el acuerdo ahora cerrado responde a las última derrotas municipales en los tribunales, con una sentencia final que anulaba la cláusula del contrato de Pontevedra a la que se aferraba el gobierno local para pagar un canon menor que el resto de municipios. El último intento municipal, al acudir al Tribunal Constitucional, también fracasó. De este modo, la citada cláusula queda anulada y todos los pleitos que aún estén vivos en los juzgados serán retirados. Se normalizan así unas relaciones enturbiadas desde 1999.
Raimundo González recordó que durante todos estos años "siempre se defendieron los intereses del Concello porque en el contrato que Pontevedra había firmado con Sogama había cláusulas diferenciadas, pero fue tumbado por el TSXG" y recuerda que "también tuvimos éxitos durante todo este proceso, como una sentencia de 2003 en la que el Concello ahorró 400.000 euros y otra posterior en la que ese ahorro fue de dos millones". De hecho, a lo largo de estos años hubo diversos acercamientos con Sogama, pero muy parciales, hasta la llegada de Javier Domínguez a la presidencia de la empresa pública, que entabló este diálogo en marzo pasado, un par de meses antes de que el Constitucional cerrara cualquier vía judicial al Concello. De hecho, la contundencia de las últimas sentencias dejó al gobierno local sin margen alguno de maniobra y Sogama se aferró desde junio a ellas para endurecer su postura.
