La investigación de la Agencia Tributaria por fraude fiscal en la venta de pescado en "B" en los puertos de la provincia derivó más tarde en otras que tenían, como principal objetivo, averiguar como se lograban eludir los controles de pesaje en los puertos para no declarar estas ventas de pescado a Hacienda. Fue así como el propio fiscal jefe de Pontevedra inició unas diligencias para averiguar si los funcionarios del puerto de O Berbés recibían algún tipo de "mordida" o soborno por hacer la vista gorda con algunos pesajes de pescado que luego se vendía "en B".

El fiscal detectó en las cuentas de la Cooperativa numerosas salidas de pequeñas cantidades que podrían corresponderse con estas "mordidas" y que los directivos, aunque negaban que fueran sobornos, no pudieron justificar su destino. Ante esta tesitura, el fiscal decidió presentar ante el juzgado una denuncia contra la cooperativa por estafa a los socios al no poder justificar cuál era el destino de estas pequeñas cantidades de dinero.

Por otra parte, Hacienda abrió a expedientes administrativos a casi 200 armadores por estas ventas de pescado en B, llegando un total de 147 (como señala la sentencia) a acuerdos para pagar la cantidad defraudada. Solo en un caso la cantidad que se dejó de pagar fue considerada como posible delito fiscal.