Las partes personadas en el caso Sonia Iglesias podrán acudir mañana martes al juzgado a visionar las imágenes grabadas por las cámaras el día que desapareció. Después de esta diligencia, pocos saben cuales serán los pasos a dar para mantener vivo el caso. La familia no tiene previsto pedir nuevas diligencias pero se opone a la petición de desimputación de Julio Araújo que formulará la defensa por falta de pruebas. Cuando se van a cumplir cuatro años de la desaparición, el fantasma del archivo vuelve a sobrevolar una causa que la familia cree que tuvo que ser abordada por un juzgado de violencia de género desde el inicio.

Mañana, las partes personadas en la investigación judicial abierta por la desaparición de Sonia Iglesias Eirín están citadas para poder visionar, si así lo desean, las cámaras de tráfico y de distintos establecimientos comerciales que recogieron imágenes de la vía pública aquel fatídico 18 de agosto de 2010 en el que se le perdió el rastro a la pontevedresa. A menos de un mes de que se cumplan cuatro años de la aquella desaparición, esta es la última diligencia que se practicará hasta ahora para intentar arrojar luz sobre aquellos hechos. El siguiente paso que dará el juzgado se desconoce, pero todo hace indicar que la causa parece atascada debido a que las partes personadas no parecen tener claras qué nuevas actuaciones se pueden realizar para intentar esclarecer lo sucedido hace ya cuatro años.

Posible archivo

Así lo reconoce la propia familia de Sonia Iglesias. Su hermana, Mari Carmen Iglesias Eirín, explicaba esta semana que por el momento la acusación particular, que ejercen ella y sus padres, no tiene previsto solicitar nuevas diligencias al juzgado de instrucción número 3 de Pontevedra que lleva el caso. La Fiscalía Provincial también estudia si solicita nuevas actuaciones aunque todavía no ha anunciado qué nuevos movimientos se pueden realizar en torno a este caso. El fantasma de un posible archivo vuelve a amenazar este caso que conmociona a toda la sociedad pontevedresa desde hace cuatro años.

De hecho, el abogado que defiende los intereses de Julio Araújo tiene intención de solicitar la desimputación de su cliente, situación en la que se mantiene desde hace dos años, recién cumplidos el pasado viernes, dado que fue el 18 de julio de 2012 cuando acudió a declarar por primera vez en sede judicial y se decretó su imputación. Una petición que se realiza sobre la base de que las diligencias practicadas por el juzgado de violencia de género a lo largo del último año (con la declaración de diferentes testigos y del propio imputado en sede judicial) no han aportado nueva información a la investigación, más allá de la que ya se conocía a raíz de la investigación policial practicada y de la instrucción que realizó el primer juzgado que investigó esta desaparición. Se considera que la ausencia de pruebas para implicar a Araújo en la desaparición de Sonia Iglesias es total. Se trataría de una petición de archivo parcial, que se refiere solo a la imputación en lo que respecta a su defendido, como ya se ha manifestado en más de una ocasión.

Aunque por ahora no tienen intención de pedir nuevas diligencias, la familia de Sonia Iglesias sí aclara que se opondría rotundamente a un archivo de la causa, total o parcial, así como a la desimputación de Julio Araújo. "Tanto de los informes de la Policía como de las actuaciones practicadas se desprende que él estuvo implicado de un modo u otro por lo que nosotros queremos que se permita a la Policía Nacional seguir investigando hasta que se logren más pruebas", explicaba la hermana de la pontevedresa desaparecida.

La familia de Sonia sí parece renunciar, por el momento, a solicitar que se le practique al único imputado la polémica prueba neurofisiológica que ya se ha aplicado en España en otros dos casos para intentar localizar a personas cuyos cuerpos están desaparecidos como fue el caso de Marta del Castillo. "Se trata de una prueba a la que el imputado se debería presentar voluntariamente, y sabemos que diría que no, además, lo único que podría demostrar esta prueba es que él miente y eso es algo que yo ya sé desde el primer momento", explicó Carmen Iglesias.

Para la familia de Sonia, otra de las razones por las que el caso se encuentra actualmente en este punto muerto es que se enfocó de una manera errónea desde el principio. "Creemos que si se hubiera abordado como un asunto de violencia de género desde el inicio se podrían haber tomado medidas con respecto al único imputado que no se tomaron entonces, de tal forma que en las primeras horas, que son cruciales en estas investigaciones, él tuvo toda la libertad para hacer lo que quisiera, incluso deshacerse de posibles pruebas del caso y esto es una de las razones por las que, cuatro años después, seguimos así, sin nada, sin rastro de donde puede estar el cuerpo de mi hermana", explica Mari Carmen Eirín. Aunque no había denuncias previas, insiste en que "su entorno familiar sabía que la pareja estaba en trámites de separación y así se lo expusimos a la Policía desde el primer día".

De la cita de mañana martes en los juzgados poco se espera. La intención de la defensa de Araújo es comprobar, entre otras cuestiones, si las cámaras de la Oliva captaban la totalidad de la calle y permiten descartar, como hace la Policía, que Sonia no pasó por esta zona aquella mañana del 18 de agosto de 2010 tal y como asegura una testigo que dice que habló con ella en la Oliva aquella mañana, después de que supuestamente Araújo la dejase en el centro. Un testimonio que, en teoría, avalaría la versión de los hechos dada por el imputado tanto a la Policía como en el juzgado.