Fue un pleno municipal de menos de tres horas -breve para lo que se estila en los últimos meses- y bastante plácido, con numerosos acuerdos por unanimidad. Pero la tranquilidad se tornó en tensión y bronca al final, cuando el PP forzó al alcalde, Miguel Fernández Lores, a dar explicaciones sobre la reciente decisión del BNG de prorrogar por tres años más (a casi seis millones de euros por año) el contrato con Cespa para la limpieza viaria y recogida de basuras. Esta ampliación cuenta con el desacuerdo, previsible, del PP, pero el rechazo es aún más virulento desde las filas socialistas, que vincula esa prórroga, con razón, ya que así lo admitió el propio regidor, con el reciente acuerdo entre el alcalde y el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, para crear una planta de compostaje. Este pacto enerva al PSOE, como la mayor parte de las recientes colaboraciones entre Lores y Louzán.

El portavoz del PP, Jacobo Moreira, sacó a relucir el asunto en el pleno de ayer para sacar partido de las abiertas discrepancias entre los socios del bipartito y recordó anteriores frases del portavoz del PSOE Antón Louro sobre la prórroga, que la había calificado de "antidemocrática" -al no ser consultada por el BNG con sus socios- e incluso con "puntos oscuros" por su vinculación con la planta de compostaje. Al respecto, Louro volvió a reclamar que se saque a concurso el servicio en lugar de prorrogarlo y denunció que el protocolo con la Diputación tiene "estas consecuencias". Aunque tanto PP como PSOE admitieron que la ampliación por tres años "es legal", el alcalde se mostró muy molesto por las insinuaciones de los otros dos grupos. Así, tras echar en cara de los socialistas que el asunto de las basuras "es una competencia nuestra y yo no discuto las competencias del PSOE", espeto a los demás concejales: "Olvídense de encontrar ninguna cosa rara en este gobierno, no hay ni un primo lejano en 15 años". Visiblemente enfadado, Lores acusó a PP y PSOE de tratar de enturbiar el asunto de cualquier manera: "Si firmo la prórroga dicen que hay cosas oscuras, pero si hago lo que me dicen ahora y convoco el concurso y lo resuelvo en vísperas de las elecciones (municipales de 2015) me montan un cirio".

Fernández Lores explicó que las únicas razones para prorrogar el contrato actual por tres años más son las económicas ("cualquier nuevo concurso, con más servicios y más zonas de la ciudad saldría más caro) y la viabilidad de la planta de compostaje: "Los tiempos previstos para su puesta en marcha son tres años y en sus estudios ya trabaja la Diputación. La prórroga se deriva de ese acuerdo y no hay nada raro". Lo que sí ve "llamativa" es la actitud de PSOE y PP hacia el mencionado pacto con la Diputación. A su juicio, "los socialistas se la tienen jurada a Louzán y se equivoca al no distinguir las instituciones de los colores políticos, pero en el caso del PP no veo otra razón para su postura que también Moreira se la tenga jurada a Louzán, al margen de que el portavoz del PP es el menos indicado para hablar de discusiones y divergencias porque por poco se queda usted solo en su grupo".

Hasta la interpelación del PP al alcalde por el asunto de las basuras, el principal debate plenario se había centrado en el saneamiento de varios núcleos de las parroquias de Mourente y Bora, una cuestión que se saldó finalmente con un acuerdo de mínimos al que asistió un buen número de vecinos. La propuesta inicial surgió del PP, cuyo portavoz, Jacobo Moreira, calificó de "inconcebible que en pleno siglo XXI" alrededor de 136 casas de los lugares de O Pazo, Carabelos y Eirós (en Mourente) y Leirados, A Corbal y O Teso (en Bora), todos ellos al borde de la N-541 carezcan todavía de saneamiento. Tras una larga negociación, se pactó que el Concello redactaría los proyectos y ejecutaría las obras si la Xunta aceptaba firmar un tercer convenio de saneamiento del rural, un acuerdo que el gobierno local lleva varios meses planteando sin éxito a la consellería.

Los vecinos afectados, constituidos en plataforma, reclaman desde hace varias semanas que el proyecto del Ministerio de Fomento para urbanizar la N-541 incluya también el saneamiento, pero el ministerio sostiene que es una competencia municipal y el Concello alega que carece de los fondos suficientes sin la colaboración autonómica. Muchos de ellos asistieron en silencio, y sin exteriorizar sus demandas, al largo debate, si bien sí exhibieron unos carteles reivindicativos a las puertas del Teatro Principal.

El PP pretendía con su petición que el Concello asumiera en solitario la obra, pero finalmente se acordó que el saneamiento de todos esos núcleos será prioritario siempre y cuando la Xunta asuma un nuevo convenio de financiación de modo que el 70% del proyecto procedería de las arcas autonómicas y el 30% restante, del Concello, del mismo modo que ocurre con el convenio actual, del que aún está pendiente la actuación en Os Gafos, por algo más de un millón de euros.

Este retraso provocó un cruce de reproches entre el PP y el bipartito, que recordó que en la actualidad el 93% de los vecinos del rural tienen la posibilidad de conectarse al saneamiento, mientras que el "7% que falta entraña una dificultad de ejecución extrema y requiere una inversión entre los 19 y los 20 millones de euros", según el concejal del Rural Demetrio Gómez. El PSOE aprovechó para recordó que el primer protocolo para el saneamiento del rural se firmó con el entonces conselleiro de Medio Ambiente, el socialista Pachi Vázquez. El concejal Agustín Fernández tampoco quiso olvidarse de que el convenio para urbanizar la N-541 "se firmó con un ministro del PSOE pero ahora acumula ya cinco años de retraso", del que responsabilizó a la actual responsable de Fomento, Ana Pastor.