El polémico episodio de las dedicaciones exclusivas retiradas en julio de 2012 al PP en el Concello y los numerosos pleitos judiciales entablados desde entonces por la oposición para recuperar esos salarios vivió ayer un nuevo capítulo -que no será el último- con un auto del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Pontevedra que desestima de plano cualquier pretensión de los concejales afectados de percibir con carácter retroactivo los sueldos perdidos hace dos años.

El auto da por cumplida la sentencia que en octubre de 2012 dictó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en la que se daba la razón al PP y se declaraba nula la decisión del gobierno local de anular aquellas dedicaciones por tratarse de una "represalia" contra la oposición. A raíz de este fallo, el Concello, en febrero y marzo de este año adoptó dos polémicos y confusos acuerdos por los que restablecía las dedicaciones anuladas pero apenas con unas semanas de vigencia, para volver a anularlas de inmediato.

Tres de los concejales afectados -Ricardo Aguilar, María José Rodríguez Teso y Pablo Fernández- acudieron al juzgado reclamando la nulidad de esos dos acuerdos y la ejecución de la sentencia del TSXG con efectos retroactivos. El auto judicial conocido ayer desestima ambas pretensiones dice por un lado que "ha de considerarse que, en efecto, los acuerdos de febrero y marzo se refieren al cumplimiento de la sentencia", y añade que "se tiene por cumplida"; y por otra parte añade que la anulación de la decisión de julio de 2012 que retiró los citados salarios, aunque incurra en "vicios de desviación de poder", como decía el TSXG, no implican que de ellos "se deriven efectos retroactivos". Al respecto, el juez puntualiza que "durante la vigencia del acuerdo anulado, la situación existente en cuanto a las dedicaciones de los miembros de la corporación era distinta a la anterior, y al anularse el acuerdo sin sustituirse por uno nuevo, lógicamente recobra vigencia el existente con anterioridad al acuerdo anulado a fin de evitar una situación de vacío normativo en lo que a la organización de la corporación se refiere (...) y ello sin perjuicio de la competencia municipal para adoptar otro acuerdo al respecto", como ocurrió en febrero y marzo de este año, que dejaron al PP de nuevo sin salarios. En todo caso, estas últimas decisiones también están recurridas en el juzgado, esta vez por el portavoz de la oposición, Jacobo Moreira, y pendientes de resolución.

El auto dice expresamente que el PP pidió en su día al TSXG esos efectos retroactivos, pero el alto tribunal no los reconoció. Así lo recordó ayer el concejal de Personal, Vicente García Legísima, que sostiene que "esta auto dice lo que defendía el Concello y niega que hubiera algún intento de incumplir la sentencia del TSXG".