La justicia acaba de endosar una nueva deuda millonaria al Concello. Si hace unos meses era el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el que condenaba al ayuntamiento a abonar alrededor de cuatro millones de euros a Sogama, más intereses, ahora es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra el que acaba de establecer que el valor real de una parcela "usurpada" a sus dueños en 2007 para crear el parque de Os Gafos es de 3.278.616,44 euros, cantidad que unida a los intereses acumulados desde entonces y la multa por la ocupación ilegal, alcanza un total por encima de los cinco millones de euros. El abogado de los propietarios, Antonio Feijóo, sitúa ese total en 5.294.847 euros. Esta cifra es cuatro veces mayor de la que estableció el propio Concello en 2012, cuando abonó a los propietarios (dos hermanos de Ourense) 1,3 millones de euros.

La parcela en cuestión, de 6.156 metros cuadrados, se ubica en la zona de Ponte Boleira (entre un abandonado molino y el río) y su ocupación ilegal ya fue confirmada por el TSXG en 2011, lo que obligó al Concello a asumir la indemnización. Al no fijar el fallo una cantidad concreta, el gobierno local elaboró su propia valoración: 846.000 por el suelo; 212.000 más por los intereses desde el 10 de enero del 2007, fecha de la ocupación efectiva; y otros 246.000, que suponen el 25% de la suma de ambas cantidades, en concepto de indemnización por daños y perjuicios a los afectados. Esta cifra no fue aceptada por los afectados, que acudieron de nuevo a la vía judicial. El resultado es el auto ahora conocido, que eleva notablemente la valoración inicial, ya que los 846.000 euros del Concello pasan ahora a 3.278.616,44 por el suelo y las construcciones existentes. Y es que, en contra del criterio municipal, que tasó el solar como zona verde, el juzgado establece el precio según su clasificación como "suelo urbano consolidado, aunque sin aprovechamiento lucrativo" y en función de "los precios de venta de viviendas de promoción libre en el entorno inmediato".

A esos 3,3 millones de valor real se deben añadir casi dos más de intereses y multa. El auto requiere "expresa y personalmente a la Alcaldía del Concello de Pontevedra, bajo apercibimiento de imposición de multas coercitivas en importe mensual de 1.500 euros, para que en el plazo máximo de dos meses desde la notificación de esta resolución le abone a los ejecutantes el importe del principal que resta para completar el total" del valor. Es decir, en ese plazo tendrá que entregar el Concello a los duelos 1.954.973,05 euros, "debiendo abonar al mismo tiempo el importe de los intereses que correspondieren, aunque teniendo en cuenta la consignación parcial" ya entregada en 2012 de 1.32.643,39 euros. Después se pagaría el 25% correspondiente a la multa. En todo caso, ese plazo comenzaría a contar cuando el auto, aún recurrible, sea firme.