La polémica reforma judicial que promueve el ministro Alberto Ruíz-Gallardón, que aboga por reducir a un único partido judicial, con sede en la capital, los trece ahora existentes en la provincia, se debatirá en el pleno municipal del próximo lunes, pero con posturas encontradas entre los grupos, hasta el punto de que PP y BNG formularán propuestas de acuerdo distintas. Mientras la oposición apoya la reforma legal del Gobierno central al entender que refuerza el papel de Pontevedra como cabecera judicial de toda la provincia, el BNG sostiene que esas medidas suponen "alejar los servicios de los ciudadanos" y aboga por dejarlo todo como ahora.

Entre las consecuencias de la propuesta de Gallardón, además de centralizar la gestión de todos los juzgados en Pontevedra, figura también la desaparición, en la práctica, de la Audiencia, cuyas competencias pasarían a manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en A Coruña. Uno de los temores es que Pontevedra no reciba ningún juzgado más ya que los existentes se quedarían en su emplazamiento actual, pero en cambio, sí pierda las cuatro secciones de la Audiencia, o al menos buena parte de ellas, con lo que la capital perdería, en la práctica, peso judicial.