"Respeto y consideración" para una administración que ha puesto a disposición de la Xunta de Galicia los terrenos necesarios para construir la nueva sede judicial de A Parda. Es lo que ayer exigía el concelleiro de Patrimonio, Vicente García Legísima, al delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, momentos antes de hacer públicos la propuesta de cesión de las parcelas aprobado por el gobierno municipal el 18 de febrero de 2013 comunicada la Xunta y las certificaciones catastrales, fechadas el 15 de enero de 2014, que acreditan que el Concello de Pontevedra es propietario de "todas" las fincas que conforman el solar, incluida la franja que en su día había expropiado Adif para construir el vial del puente del ferrocarril. Estas certificaciones fueron entregadas en la Comisión mixta Concello-Xunta de seguimiento del proyecto de sede judicial.
"En cuestiones de colaboración de administraciones hay que ser respetuoso y sobre todo cuando una de ellas está actuando de manera gratuita lo que no se puede es recibir reproches de este superdelegado (Cores Tourís) que desde que fue nombrado que nos diga qué cosas ha hecho por Pontevedra" recalcó García Legísima que quiso dejar claro que daba por zanjada la polémica ficticia sobre la titularidad de los terrenos de A Parda sobre los que está proyectado el edificio judicial.
Los terrenos expropiados, por los que la administración local, desembolsa 1,3 millones, son propiedad municipal desde octubre de 2012 y la franja de Adif fue cedida al Concello un año después.
Para García Legísima detrás de lo que considera una salida fuera de tono del delegado Cores Tourís solo puede haber un intento de "justificar lo injustificable" que no es otra cosa que "la Xunta no tendrá construido el edificio judicial comprometido para 2016 porque no tiene dinero".
Lamenta Legísima que además, se plantee este tema "cuando surge esta ignominiosa reforma de la planta judicial y que se pretenda mezclar todo".
