Cuánto más se analiza la repercusión que tendrá la ya conocida como "reforma Gallardón" en el actual organigrama de la administración de Justicia en Pontevedra, más dudas genera entre funcionarios, sindicatos, colegio de abogados e incluso la propia judicatura. Como ejemplo, basta citar que, según un recuento preliminar realizado por la asociación Alternativas Xustiza, en la provincia de Pontevedra habría en torno a 629 funcionarios cuyo destino estaría en entredicho de cumplirse a rajatabla lo establecido en el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El destino de los funcionarios pasaría a ser provincial, es decir, su movilidad abarcaría toda Pontevedra.
Se trata de los empleados públicos que desarrollan su actividad en sedes judiciales ubicadas fuera de la capital de la provincia. La conocida como "reforma Gallardón" obligaría a concentrar todos los juzgados en torno al denominado Tribunal de Instancia con sede en la capital de la provincia, lo que supondría la movilización de estos 629 funcionarios (que se sumarían a los 300 de la capital), así como aglutinar en Pontevedra los 91 órganos judiciales de las distintas jurisdicciones que existen en la provincia.
En todo caso, este parece un escenario "impensable" para la mayoría de los estamentos de la administración de Justicia consultados y que consideran una "barbaridad" la posibilidad de que Vigo pudiera quedarse sin juzgados. La ley establece la posibilidad de que se creen sedes desplazadas (algo que tampoco es suficiente para la ciudad olívica) que permitiría mantener parte de la estructura judicial en otras ciudades aparte de la capital de la provincia, aunque dependiendo directamente del Tribunal de Instancia. Voces de la judicatura consultadas en los últimos días como la del juez decano de Pontevedra, Miguel Aramburu, indican que la centralización de la administración de Justicia es necesaria y que lo "razonable" es, ciertamente, la reducción del número de partidos judiciales a "dos o tres en la provincia".
En el caso de un hipotético escenario en el que la organización de la Justicia en la provincia pivotase sobre las dos grandes ciudades, el impacto que la reforma tendrá, tanto sobre el funcionariado como sobre la población en general, no dejará de ser elevada.
Así, en el área de influencia de la capital en torno a un centenar de funcionarios deberían trasladarse desde los actuales partidos judiciales de Caldas, A Estrada, Lalín, Cambados, Vilagarcía y Marín. A estos habría que sumar otros 22 trabajadores públicos de los juzgados de paz de distintas localidades, que también desaparecerían. En el área de influencia de Vigo la medida afectaría a unos 105 funcionarios de los partidos judiciales del sur de la provincia y a otros 32 o 30 de los juzgados de paz. Concretamente, actualmente, se contabilizan funcionarios trabajando en juzgados de paz en Meaño, O Grove, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo, Silleda, Vila de Cruces, Forcarei, Vilanova y Bueu en el área de Pontevedra; así como en A Cañiza, A Guarda, Baiona, Gondomar, Moaña, Mondariz, Mos, Nigrán, O Rosal, Salceda, Salvaterra y Tomiño en el sur de la provincia. Localidades, todas ellas que perderían este servicio en favor de la sede del Tribunal de Instancia.
Infraestructuras
Desde Alternativas Xustiza destacan que algo que no explica la ley es con qué fondos se va a acometer semejante reestructuración de la administración de Justicia ya que el anteproyecto no va acompañado de una memoria económica. A la espera de ver cómo se concreta la ley, en medios judiciales ya se aventura que llevar a cabo la reforma, tal y como está planteada actualmente, va a ser cualquier cosa menos barato.
En primer lugar, no se precisa como se va a adaptar el nuevo modelo judicial a las infraestructuras existentes actualmente y a las que están proyectadas. El ejemplo es Pontevedra. En la actualidad la ciudad alberga una treintena de juzgados a los que hay que añadir la Fiscalía, el Imelga, el decanato, el Registro Civil, el Servicio de Notificaciones, entre otros. El actual edificio está saturado y el nuevo (aún sin construir) plantea espacio para otras 30 unidades más. Sin embargo, como sede del Tribunal de Instancia tendría que asumir el trabajo de 61 juzgados más, por lo que, en principio, parece que no habría espacio material.
