El fiscal especializado en delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, anunció ayer la presentación inminente de una querella por presunto cohecho impropio contra el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, y el diputado provincial del PP, Severino Reguera. Una querella que es consecuencia de la investigación abierta a raíz de la denuncia anónima recibida hace un año en la Fiscalía sobre supuestos sobreprecios en el alquiler de unos locales comerciales propiedad de Louzán a una empresa propiedad de su compañero de partido y Corporación. La querella irá dirigida también contra la mujer del presidente de la Diputación, ya que ambos son copropietarios de estos bajos ubicados en el barrio de Navia, Vigo.
La decisión, confirmada ayer por Santaló y por la Fiscalía Superior de Galicia, choca con lo expuesto públicamente el viernes por el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, quien aseguró que la junta de fiscales había acordado dar traslado de la investigación a un juzgado pero sin que se hubiera concretado que fuera través de la presentación de una querella.
Se desconoce el juzgado
El fiscal especializado en delitos económicos adelantó que la querella incluirá la petición expresa al juez de que cite a declarar a Louzán y a Reguera como imputados. El magistrado que por reparto asuma el caso deberá decidir si admite o no la querella y, en el caso de que diera luz verde a su tramitación, deberá comunicar si ordena o no las diligencias de investigación que solicita el fiscal, como es el caso de la declaración de los implicados. Se desconoce todavía el juzgado que deberá tomar tal decisión, puesto que se está estudiando si procede presentarla ante el decanato de los juzgados de Pontevedra o Vigo, órgano que luego acordará su remisión al juzgado que por turno le corresponda.
Según la denuncia anónima remitida a la Fiscalía, el precio que se estaría pagando por el alquiler por estos tres locales comerciales, ubicados en la calle Teixugueiras en Vigo, se situaría por encima de lo que establece el mercado para lo que es habitual en el barrio de Navia. Ahora se tratará de dilucidar si es simplemente un negocio privado del presidente del PP o si, presuntamente, media algún tipo de dádiva detrás del pago de estos arrendamientos.
Estos alquileres ya llevaron a Louzán y a Reguera a comparecer en la sede de la Fiscalía hace unas semanas. Tras hacerse pública la investigación, el presidente de la Diputación compareció ante los medios para asegurar que "en principio está todo en orden, es una contratación reglada que se hizo a través de una asesoría de Pontevedra" que fue la que fijó los precios a pagar por el alquiler en base a un estudio de mercado. También destacó que "se trata de una cuestión que pertenece al ámbito privado y que nada tiene que ver con la institución", dijo en referencia a la Diputación.
Agotado el plazo legal máximo de un año en el que la Fiscalía puede mantener abierta una investigación sin dar cuenta de ella al juzgado, los representantes del Ministerio Público en Pontevedra se vieron en la tesitura de tener que tomar una decisión: archivar el caso o continuar las diligencias bajo la tutela de un juez. Las diferencias en el seno de la propia Fiscalía sobre el camino a seguir (había fiscales que apostaban por el archivo mientras otros defendían continuar profundizando en la investigación) provocaron que el asunto acabase siendo sometido a votación en el seno de una junta de fiscales, una medida extraordinaria y que tenía como objetivo adoptar una decisión colegiada. Finalmente, esta junta se celebró el pasado viernes y en ella se adoptó la decisión de judicializar el asunto.
La opción elegida finalmente por el fiscal encargado del caso para trasladar al juzgado la investigación de la Fiscalía es la querella (frente a la denuncia o a la mera remisión de las actuaciones, como planteaba inicialmente el fiscal jefe), una opción que se suele utilizar, según fuentes de la Fiscalía Superior de Galicia, cuando se dispone de "argumentos más sólidos" y no solo datos imprecisos.
Cohecho "impropio"
El delito investigado es el de cohecho impropio, una figura en la que se persigue si por parte del funcionario público se recibió algún tipo de "dádiva o regalo, favor o retribución de cualquier clase, ofrecimiento o promesa" a cambio de un acto que es propio del cargo pero que no es ilícito. Es decir, no se castiga ninguna ilegalidad respecto de los actos administrativos relacionados con el cargo o función como ocurriría en el caso del cohecho propio.
