La Xunta de Galicia no tendrá que pronunciarse sobre la prórroga de Ence por el momento. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que había reclamado el pasado 27 de diciembre un dictamen al respecto, atiende la petición de la administración autonómica y aplaza la solicitud del informe sobre la prórroga de la concesión de los terrenos de Lourizán hasta que se apruebe el reglamento de la Ley 2/2013, del 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral (Ley de Costas), cuyo proyecto acaba de salir a exposición pública.
El Ministerio maneja como horizonte temporal para la aprobación, publicación y entrada en vigor del citado reglamento el verano.
El aplazamiento implica, según recoge la comunicación remitida por el Ministerio a la Xunta que "da por no realizada la petición del informe" al entender que "el desarrollo de la Ley de Costas pudiera introducir especificaciones que se deben tener en cuenta en el expediente" y en consecuencia cuando la nueva normativa esté en vigor volverá a solicitar nuevamente el informe previo junto con la solicitud de prórroga remitida por Ence.
La Xunta había alegado al requerimiento del informe sobre la prórroga que la inexistencia del reglamento que debe desarrollar la nueva Ley de Costas creaba una situación de inseguridad jurídica y que la solicitud presentaba "una carencia absoluta de motivación" y que no adjuntaba "ninguna documentación ni argumento justificativo alguno". Por ambos motivos el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, había calificado de "precipitada" la solicitud de prórroga formalizada por Ence ante el Ministerio de finales de noviembre. Una valoración que el responsable autonómico ve ahora avalada por la decisión ministerial.
El proyecto de reglamento expuesto al público contempla, tal como marca la Ley 2/2013, prórrogas de las concesiones estatales en dominio público marítimo terrestre de hasta 75 años, aunque este plazo se reserva para viviendas y actuaciones ambientales.
Por lo que respecta a "actividades de explotación económica distintas a la de restauración", epígrafe en el que se englobaría una industria como Ence, la prórroga máxima prevista en el reglamento es de 50 años, tiempo de ampliación que se repite para las concesiones destinadas a infraestructuras de servicios urbanos, actividades sociales o comunitarias y dotaciones y a instalaciones marítimas. Por último el reglamento contempla prórrogas de un máximo de 30 años para las actividades de restauración y usos no incluidos en la relación citada.
La prórroga de las concesiones industriales en el litoral, fijada por norma en 50 años, son susceptibles de ampliación "en una quinta parte" (diez años) en cuatro supuestos entre los que se encuentra que el concesionario se comprometa a una inversión añadida para mejorar la actividad vinculada a la eficiencia energética, el consumo de agua i la calidad ambiental "siempre que no esté legalmente obligado a ello".
Plazos alternativos
El reglamento que está en proceso de tramitación contempla para las concesiones a industrias sujetas a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación que la prórroga será concedida "previo informe" de la comunidad autónoma en donde esté radicada la actividad.
Este informe "determinante" podrá proponer la fijación de un plazo inicial de la prórroga inferior al máximo establecido en la norma, dicho plazo "no será inferior a la mitad del máximo aplicable", en el caso de Ence sería de un mínimo de 25 años. Al ser considerado "determinante" , el Estado deberá motivar las razones de interés general que le puedan llevar a obviar el informe autonómico. En cualquier caso la Xunta mantiene la potestad sobre las autorizaciones ambientales integrales, preceptivas para el mantenimiento de la actividad.
