20 de febrero de 2014
20.02.2014

Alertan del colapso de los archivos de las sedes judiciales de Pontevedra y Vilagarcía

Los expedientes se deterioran en pasillos y garajes - Pruebas de convicción como armas, bombonas o garrafas de combustible conviven con los funcionarios de forma "caótica"

20.02.2014 | 02:03

El sindicato Comisiones Obreras quiso alertar ayer de la "caótica" situación de los archivos judiciales de los juzgados de Pontevedra y Arousa. Especialmente preocupante es la situación, advirtieron, en los edificios judiciales de A Parda en la capital y de Vilagarcía. Señalan que en ninguno de ellos queda ya espacio libre para almacenar nuevos expedientes y que los ya existentes se guardan en condiciones deficientes que suponen un verdadero peligro tanto para la conservación de los propios documentos judiciales como para la salud de los funcionarios.

Explican, por ejemplo, que los trabajadores de Justicia de A Parda o de Vilagarcía tienen que convivir con montañas de cajas de archivos que se acumulan en los pasillos. Mucha de esta documentación acaba dañándose por la humedad. Junto a ellos, pruebas de convicción se custodian en los juzgados en mínimas medidas de seguridad, algunas de ellas tan peligrosas para los funcionarios como bombonas de butano, garrafas de gasolina o toda clase de armas (cuchillos, barrotes o jeringuillas guardadas en sobres) que suponen un riesgo para los trabajadores.

Lola Filgueira, de Comisiones Obreras, insistía ayer en que la "solución global" a esta falta de espacio en los archivos judiciales de Pontevedra pasa por un "expurgo" y la informatización de los archivos con la implantación, de una vez por todas, el expediente digital que no acaba de llegar.

En Comisiones son conscientes de que la Xunta puso en marcha recientemente un plan piloto en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y en un juzgado de A Parda pero que dicho proceso se tuvo que llevar a cabo por funcionarios de los propios tribunales compatibilizando su trabajo habitual con esta labor añadida por la que además tampoco reciben retribución alguna. Para Filgueira, la lentitud de este proceso se traduce en una "ineficaz" solución al problema por lo que propone la creación de equipos de trabajo en cada edificio judicial. Unos grupos compuestos por funcionarios de Justicia que tampoco deberían suponer un incremento en los presupuestos de la Xunta, ya que proponen que estos equipos de expurgo en cada sede judicial estén integrados por las "muchas plazas amortizadas" en la administración de Justicia, concretamente en la Audiencia Provincial y en los juzgados de paz, y "a las que se les debería dar algún destino".

Además, exigen que estos funcionarios reciban formación específica para que puedan realizar de forma correcta su labor y salvaguardar los expedientes con valor histórico, como los referidos a la transición, al franquismo o a la guerra civil.

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