19 de febrero de 2014
19.02.2014

Operación Patos: Un registro en la Diputación por orden judicial se incauta de una decena de contratos y obras

Son los de dos campos de fútbol sintéticos y otras actuaciones

19.02.2014 | 08:56
Imagen de la recogida de documentos en Pontevedra // G. Santos

Funcionarios de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Galicia se personaron en la mañana de ayer, por orden del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, en la Diputación Provincial de Pontevedra y en el Concello de Pontevedra para buscar los expedientes de distintas contratos de obras y servicios subscritos, entre otros, con la empresa Eiriña SL. Los agentes, que investigan una supuesta trama de corrupción en la provincia, reclamaban expedientes concretos y todos de adjudicaciones de los dos últimos años, algunos tan recientes que aún están en fase de ejecución.

La delegación judicial estuvo recabando información en la institución provincial durante cinco horas, entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde, momento en el que abandonaron la Diputación con nueve cajas llenas de documentos.

Las dos intervenciones en la capital se enmarcan en la llamada operación Patos, las diligencias abiertas en el citado juzgado vigués por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental que suman ya cinco detenidos -entre ellos el concejal de Obras de Nigrán, José Álvarez Valverde- y en los que podrían estar implicadas, al menos cuatro sociedades mercantiles: además de Eiriña SL, las de Cespa SA., Enalvi e Intermediación Medioambiental SL, Inversiones Patos SL y Reciclaje y Gestión Medioambiental SL y una decena de organismos oficiales: la Diputación de Pontevedra y el Concello de Pontevedra, los concellos de Vigo, Ponteareas, Nigrán, Santiago y Ourense, el Consorcio Casco Vello y la Autoridad Portuaria de Vigo y la Delegación de la Xunta en la ciudad olívica.

Las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo están bajo secreto sumarial. Aún así ha trascendido que fueron requeridos una decena de expedientes de contratación de obras en la Diputación de Pontevedra, en los que la firma pontevedresa Eiriña SL es una de las adjudicatarias.

Entre las contrataciones que se han puesto bajo el foco judicial se encuentran, al menos, la construcción de dos campos de fútbol de hierba sintética en Vigo (los de Coia y Coruxo), de uno tercero en Nigrán, una obra de saneamiento en Poio y otras dos sin determinar en Ponteareas y Moraña, según indicaron fuentes conocedoras de la investigación.

No ha trascendido, sin embargo, la cuantía de las adjudicaciones que están siendo analizadas aunque se apunta que "hay tanto actuaciones importantes como obras muy menores".

La delegación policial y judicial, integrada por una decena de agentes y funcionarios, estuvo en varios despachos, incluido el del presidente provincial, Rafael Louzán, y dependencias tanto del edificio administrativo como el Pazo Provincial. Estuvieron acompañados en todo momento por el secretario general de la Diputación y el jefe de la asesoría jurídica de la institución.

Desde la Diputación se subrayó que la investigación contó "con la plena colaboración de los funcionarios y de los responsables de la institución provincial que facilitaron los expedientes de obras requeridos".

Esta misma comunicación oficial indicaba que los expedientes solicitados eran "todos relativos a contrataciones desarrolladas por varias empresas en los concellos de Vigo y Nigrán, y alguna otra en Poio, Moraña y Ponteareas".

Ausencia de Louzán
El registro de casi cinco horas en la Diputación de Pontevedra se produjo en un momento en el que el presidente provincial, Rafael Louzán, estaba ausente debido a un viaje personal que había iniciado el pasado jueves.

A pesar de lo inusual de la situación y de que el máximo responsable de la Diputación, cuando menos oficialmente, no se hallaba localizable, ningún miembro del gobierno provincial salió a la palestra para valorar lo que estaba pasando. En principio se apuntó la posibilidad de que fuese el vicepresidente económico y portavoz municipal del PP en Vigo, José Manuel Figueroa, el que hiciese una declaración, máxime cuando el grueso de las obras y de las instituciones investigadas estaban radicadas en la ciudad olívica. Pero finalmente guardó silencio.

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