Los miembros de la UDEF, con personal judicial, llevaban cuatro horas de investigación en la Diputación pontevedresa cuando dos agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Vigo acudieron al Concello de Pontevedra para preguntar por tres expedientes relacionados con la empresa Eiriña SL y proceder a su custodia hasta que llegasen los funcionarios judiciales del Pazo Provincial para que se hiciesen cargo de la situación. Los agentes llegaron a la una de la tarde, la autoridad judicial lo hizo una hora después. La operación Patos había llegado al Concello.

La secretaria judicial se reunió brevemente con el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, para comunicarle los expedientes que pretendía llevarse. A continuación revisó con los técnicos municipales toda la documentación antes de requisarla.

Abandonarían la sede municipal de Michelena 30 rondando las tres de la tarde y llevándose consigo cuatro cajas llenas de documentación.

La delegación enviada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo se interesó por tres expedientes concretos, los tres relacionados con la firma pontevedresa Eiriña SL, cuya sede local sería registrada horas más tarde.

Dos de los expedientes se corresponden con obras en curso: el de la contratación de la reforma de la calle Santa Clara y el proyecto de humanización de la avenida de Lugo. El tercer expediente, al parecer, tiene que ver con el patrocinio que hizo la constructora pontevedresa de una carroza para la Cabalgata de Reyes de este mismo año.

Obras focalizadas

Los contratos de obras que suscitan la atención judicial supusieron un desembolso para las arcas municipales de casi 1,8 millones de euros.

En concreto la reforma de Santa Clara, que había salido a licitación por 702.000 euros se adjudicó a Eiriña SL por 676.192 euros. La firma se impuso, en este caso, a otras dieciséis candidatas.

Por lo que respecta a las obras de humanización de la avenida de Vigo, Eiriña SL obtuvo el contrato por 1.096.902 euros, frente a otros 24 aspirantes cuyas ofertas económicas eran idénticas.

Los técnicos municipales colaboraron en todo momento con la delegación judicial. Una actuación que el gobierno local, representado por el propio alcalde Miguel Fernández Lores y el portavoz Raimundo González Carballo, enmarcaron dentro de la normalidad. Ambos expresaron su "absoluta tranquilidad" ya que "no hay nada que ocultar".

También aclararon que la única relación del Concello de Pontevedra con Cespa SA, otra de las empresas investigadas, es la concesión del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras. Una concesión, de 25 años, que data de 1999, en los últimos días de mandato del alcalde popular Juan Luis Pedrosa. Al margen de esta concesión, no se han hecho contratos con esta firma.

La aclaración de los dirigentes locales fue hecha al conocerse que la operación Patos había puesto el foco fundamentalmente dos empresas: Eiriña SL y la citada Cespa. Sin embargo, según trascendió, concluido el registro, la adjudicación de la contrata no estaba entre los expedientes interesados por el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo.

La presencia, primero de los agentes, custodiando la documentación y de la delegación judicial, después, generó una gran curiosidad entre los funcionarios y los miembros de la Corporación municipal, muchos de los cuales se acercaron a ver qué pasaba. La mayoría eran conocedores de que su registro sucedía al realizado en la Diputación de Pontevedra.

Documentación original

La documentación de los tres expedientes objeto de investigación judicial y sacados del Concello de Pontevedra al mediodía de ayer era la original y única.

Por este motivo en los próximos días, los responsables municipales se dirigirán al Juzgado para solicitar que, cuando menos, les permitan hacer una copia en papel y/o soporte informático de los dos expedientes de obras ya que son actuaciones que están en marcha.

La reforma de Santa Clara está paralizada en estos días por el mal tiempo, en tanto que la humanización de la avenida de Lugo está dando sus primeros pasos. En cualquier casos, los técnicos que supervisan las actuaciones necesitan el expediente para su supervisión.