La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) esgrimió ayer los datos aportados por la propia Ence a la Xunta de Galicia de los vertidos de la fábrica entre enero de 2012 y mayo de 2013 para desmentir "las declaraciones triunfalistas" de la dirección empresarial que define a la industria de Lourizán como "el referente de la economía verde de Galicia",
Tomando como referencia los análisis que obran en poder de la Xunta "los vertidos en el año 2012 empeoraron respecto a los años anteriores y los de 2013 hacen pensar que la situación se va a repetir en el año en curso".
Así de los 52 datos de DQO (demanda química de oxígeno) del año 2012, 32 (el 61,5%) superaron los 125 mg/l fijados por la legislación como límite máximo "y en el 2013 el 90,9% de las muestras (20 de los 22 datos existentes) superan este límite". Por otra parte el pasado año 3 de las 52 muestras (el 5,8%) "incumplen la legalidad en lo tocante a los sólidos en suspensión al superar el valor de 35 mg/l establecido en la legislación".
Defensa da Ría señala que, incluso, en el DBO (demanda biológica de oxígeno, un parámetro en el que no se registró ningún incumplimiento durante el 2012 ya registra uno, entre los doce datos correspondientes a los cinco primeros meses del 2013.
Son todos ellos ejemplos, sostienen desde Defensa da Ría, que cuestionan el sello verde de Ence. Pero además, subrayan desde la asociación ecologista, los vertidos de la fábrica de Lourizán "incumplen la Ley de Aguas de Galicia y la normativa de Aguas residuales urbanas".
En atención a esta realidad, APDR insta a la Xunta de Galicia a anular la autorización ambiental integrada (AAI), preceptiva para mantener la actividad, y a impedir la prórroga de la concesión estatal que ocupa en Lourizán más allá del 2018.
