Los parlamentarios del PP explicaron que la ley no solo permitirá regularizar viviendas, sino dar seguridad jurídica a numerosas empresas en el litoral "que actúan como motor económico de la costa". Explicaron, por ejemplo, que alguna conservera se encuentra en esta situación. Sobre Ence, Román Rodríguez recordó que el propio director general de Costas reconoció que el informe de la Xunta será "determinante" para decidir sobre la continuidad de la pastera en la ría. Rodríguez reconoció, con todo, "que no es vinculante al 100%, ya que efectivamente la última palabra es del Estado". La senadora Dolores Pan añadió que "lo que nos preocupa en este momento es que se creen puestos de trabajo y se produzca empleo" siempre garantizando "el respecto por el medio ambiente", añadió Pan. La senadora afirma que esta ley "no es una barra libre para nadie", ni para particulares que construyeron "sobre acantilados" cuyas viviendas no podrán ser legalizadas ni para "empresas con nombres y apellidos".
Críticas en Pontevedra
Los populares también se sorprendieron por las críticas a la Ley de Costas realizadas desde el gobierno local de Pontevedra, con mayoría del BNG, ya que se trata de una normativa "que recoge una singularidad de Galicia". Dolores Pan instó al gobierno nacionalista de Pontevedra a que trabaje para sacar adelante el nuevo plan general de la ciudad, ya que "llevan 14 años ahí y no han sido capaces".
