El futuro de la fábrica de Ence en Lourizán y los efectos que la nueva Ley de Costas tendrán sobre su actual concesión junto a la ría han vuelto a unir a toda la oposición parlamentaria (PSOE, AGE y BNG) frente al PP. Los populares apelaron ayer, una vez más, al empleo y al peso económico que supone la empresa en la comarca para negarse a anular el plan sectorial que mantiene esos terrenos como industriales, un documento que se ha convertido en el principal escollo para sacar adelante el Plan de Urbanismo de Pontevedra.
Los argumentos del empleo my el peso económico son los que maneja el PP y la Xunta desde hace varias semanas, cuando el Gobierno gallego comenzó a suavizar su anterior postura a favor del traslado de la fábrica "en el horizonte de 2018". El BNG volvió a llevar ayer a la Cámara gallega una propuesta para cerrar una fecha concreta de cierre de la planta: julio de 2018. Se propuso modificar el Plan de Ordenación do Litoral (POL) de modo que en su cláusula específica para Ence se detallara que esos terrenos quedarían libres, como muy tarde, en esa fecha. La pretensión nacionalista contó con el pleno respaldo de los demás grupos de la oposición, PSOE y AGE, que añadió una enmienda muy significativa, relativa a la derogación del plan sectorial que desde 2003 declara supramunicipales e industriales esos terrenos.
Pero el PP desestimó, por 41 votos frente a 29, todas estas pretensiones. Su portavoz, Román Rodríguez, llegó a apuntar que "aún falta bastante hasta 2018". Sin embargo, el hecho de que la Xunta mantenga inalterable el citado plan sectorial supone reforzar aún más los obstáculos que el gobierno local de Pontevedra denuncia para sacar adelante el Plan de Urbanismo, un documento que PP y PSOE en el Concello pretenden relanzar pero que cataloga las marismas de Lourizán como una zona verde, lo que no es aceptado por los informes autonómicos.
La modificación del POL que pedía el BNG abogaba por un cambio de redacción. Donde pone que los terrenos de Ence se consideran un Área de Mejora Ambiental y Paisajística "con el objetivo de la recuperación del espacio que quedará vacante con la materialización del traslado de estas instalaciones a otra localización dentro de la propia comarca de Pontevedra en el horizonte de 2018", el BNG pedía que cambie por "la recuperación del espacio que deberá quedar, en todo caso, vacante en un plazo máximo que finaliza en el mes de julio de 2018".
La "careta" del BNG
Esta redacción supone, a juicio de Román Rodríguez, un "reconocimiento de que el POL es un magnífico instrumento de ordenación territorial, algo que negaba el BNG hasta ahora", pero sobre todo significa que "el BNG se quita la careta y no quiere que Ence siga en la comarca de Pontevedra, pide que se marche, por lo que no le importan los trabajadores, ni el 10% del PIB de la comarca que supone Ence, que sustenta el 50% de la riqueza forestal de Galicia", es decir, los últimos argumentos del PP a favor de la empresa y que le llevaron ayer a votar en contra de las propuestas de la oposición.
Rodríguez también se refirió a las dudas que ofrece la nueva Ley de Costas sobre el verdadero papel que la Xunta tendrá en la concesión de una posible prórroga de 75 años a la empresa para seguir en Lourizán. Insistió en que "se exigirá un informe técnico para evaluar la calidad ambiental y paisajística y en 2018 unos técnicos independientes harán ese informe, que será determinante y la decisión del Estado está vinculado a esos informes".
