La Jefatura Provincial de Tráfico revocó una sanción impuesta a una conductora que se negó a pagar en el peaje de la autopista AP-9, en Vilaboa. La mujer no quiso abonar la tarifa después de sufrir una retención que le causó un notable retraso de cerca de una hora en su desplazamiento desde Vigo a Pontevedra.
Tras decirle a la operaria que no iba a abonar el precio del peaje, Audasa llamó a la Guardia Civil que junto con los empleados de la autopista desviaron a otras cabinas a los restantes conductores que iban llegando, y dejaron el vehículo de la citada mujer retenido.
En ese momento los agentes le notificaron la sanción de 80 euros por "parar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro para otros usuarios".
Esta conductora, tras denunciar ese mismo día los hechos en la Guardia Civil de Pontevedra, dos semanas más tarde presentó denuncia en el Juzgado de Instrucción de Cangas, por apreciar en los hechos indicios racionales de criminalidad que podrían ser constitutivos de un delito de coacciones y delito de detención ilegal. Ambos se los imputa a Audasa y a sus empleados.
Les acusa de causar una interpretación "incorrecta" de los hechos a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que la acabaron denunciando por parar el vehículo y obstaculizar la circulación. La víctima alegaba que en la entrada de la autopista no se avisaba de las retenciones.
El coche de la mujer y en el que viajaban otros tres ocupantes, se quedó inmovilizado entre dos barreras del peaje de Figueirido.
La Jefatura Provincial de Tráfico acaba de resolver que a la vista del expediente llega a la conclusión de que se dan una serie de circunstancias que determinan la improcedencia de imponer la sanción, "lo que lleva a revocar la resolución impugnada dejando sin efecto la sanción impuesta".
