Un recluso de A Lama, Manuel G. R., culpó a otro interno del centro penitenciario, E. R. P., de haberle entregado un paquete cuyo contenido eran pastillas y una pequeña cantidad de droga para introducirlo en la prisión sin que él supiera que se trataba de estupefacientes. El fiscal le acusa de intentar introducir estas sustancias en el centro penitenciario para su posterior venta entre los reclusos y solicita una pena de 3 años y medio de cárcel. El Ministerio Público rebajó sensiblemente la pena que reclamaba inicialmente, de siete años de cárcel, debido a la escasa cantidad de droga que se le incautó al interno.

A Manuel G.R. le encontraron la droga envuelta en un papel de periódico que llevaba en el bolsillo de la cazadora que vestía durante un cacheo realizado tras participar en un vis a vis con su familia. Concretamente un funcionario le localizó un paquete con 24 pastillas de Diazepam-Prodes de 10 miligramos, 30 pastillas de Rubifén, 47 pastillas de Trankimazin y una piedra de hachís que pesaba 10 gramos. También llevaba 80 euros encima, que en este caso sí reconoció que éstos eran suyos e incluso dijo estar conforme con la sanción que se le pudiera imponer por este hecho, ya que no está permitido introducir dinero en efectivo en la prisión.

Manuel aseguró que, tras el vis a vis, coincidió en el pasillo de vuelta a los módulos penitenciarios con el recluso E. R. P. quien le dio el paquete y le pidió si se lo podía llevar. "Nunca pensé que me pudiera hacer una carallada como esta, me pidió que se lo guardara y yo no desconfié de él". Manuel, que cumplía una condena de dos años por un delito de otras características y apenas le quedaban unos meses para salir en libertad, asegura que él no es consumidor de drogas y mucho menos trapichea con ellas: "yo ni supe ni quiero saber nada de eso en mi vida".

En el juicio también declaró E. R. P., quien negó que le hubiera dado ningún paquete a Manuel G. R., y mucho menos uno con droga. También prestaron declaración varios funcionarios del centro penitenciario de A Lama quienes explicaron que no tenían al acusado como un recluso que pudiera trapichear con drogas y que no era consumidor. También señalaron que es posible que un recluso pudiera entregarle un paquete a otro en el recorrido entre las salas de comunicaciones con las familias y los módulos penitenciarios.

Todo lo contrario opinaron de E. R. P., ya que varios de los funcionarios explicaron que sí tenían sospechas de que era consumidor ya que en ocasiones lo vieron con síntomas de encontrarse "colocado". El propio recluso reconoció que es consumidor de metadona y hachís pero insistió en que nunca le entregó al acusado ningún paquete conteniendo droga. El juicio quedó visto para sentencia. Además de los tres años y un día de prisión, el acusado se enfrenta a una petición de 650 euros de multa.