Cuando aquel asunto parecía solventado, el concurso de derechos mineros convocado por la Xunta en febrero reabrió el conflicto, hasta el punto de que toda la corporación volvió a adoptar el acuerdo unánime de rechazo.

Todos los grupos mostraron su desacuerdo con la puesta en marcha de canteras de granito en cualquier punto del municipio, un acuerdo aplaudido desde la Plataforma Anticanteiras de Cotobade, colectivo que alerta de que las canteras supondrían "un atentado medioambiental y patrimonial descomunal e irrecuperable que redundaría muy negativamente en la calidad de vida de todos los vecinos y sería una obstáculo, quizás insalvable, para nuestro futuro desarrollo económico".

Las asociaciones que integran la plataforma muestran su "inequívoca e inquebrantable" voluntad de oponerse a todos aquellos proyectos que atenten contra las potencialidades económicas, calidad de vida y el patrimonio histórico y ambiental.

Otro proyecto que levantó ampollas fue el relativo a una propuesta de explotación de wolframio en Aios (Sanxenxo), un lugar donde ya hubo hace décadas una mina de esta material. El rechazo llegó al Concello, que presentó alegaciones a la iniciativa de la empresa Incremento Grupo Inversor S.L. para realizar una investigación de los recursos existentes en los terrenos de Nuevo Boliche.

La administración local explicaba en noviembre pasado que se trata de un área de alto valor paisajístico y medio ambiental, directamente asociado al litoral, y en la que existen asentamientos urbanos y de instalaciones directamente vinculadas con el sector turístico "que constituye la base económica del municipio, por lo que no procede en un área tan sensible la implantación de una explotación minera que perjudicaría enormemente a los asentamientos existentes, los establecimientos hoteleros y al paisaje del litoral"

También se denunciaba que esta solicitud carecía de un estudio medio ambiental de la zona que refleje cómo afectaría la explotación al entorno circundante, a los recursos económicos y al paisaje marítimo. Además, Sanxenxo afirmaba que esta instalación no está permitida por el Plan de Ordenación do Litoral, y las actividades extractivas no están contempladas en el PXOM como autorizables en suelo urbano, urbanizable y de núcleo rural mientras que en el rústico debe cumplir determinadas condiciones.