La prórroga de la concesión "no es automática" , el informe ambiental que tendrá que emitir la administración autonómica será "determinante" pero antes de adoptar cualquier decisión "habrá que ver qué oferta Ence y qué mejoras económicas está dispuesta a hacer la empresa" para permanecer en Lourizán. El presidente de la Xunta y líder del PP de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ratificaba ayer en Santiago el "giro" dado por el Partido Popular en los últimos días en relación a la continuidad de la planta de celulosas más allá del 2018, año en el que vence la actual concesión estatal de los terrenos que ocupa en dominio maritimo-terrestre.

Feijóo recalcaba ayer en Santiago que analizarán "en detalle" la oferta que pueda plantear la compañía que dirige Juan Luis Arregui, sin perder de vista la opinión que puedan tener "las instituciones de Pontevedra, las instituciones democráticas" y "escuchando a los trabajadores afectados, a los agentes económicos y sociales" En cualquier caso, subrayó, "será una decisión meditada" .

Con estas consideraciones hacia el futuro de Ence, el titular del ejecutivo gallego da entidad a las puntualizaciones hechas días atrás por el presidente provincial del partido, Rafael Louzán, y el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, en el sentido de que serán las "circunstancias objetivas" las que inclinen la balanza en el informe que remitirá la Xunta al Ministerio de Medio Ambiente cuando le pida opinión sobre la solicitud de prórroga de la concesión de Lourizán que tramitará Ence Energía y Celulosas.

Viraje

Louzán, en primer lugar y de manera clara, y Rueda veinticuatro horas después, rompieron el hasta ahora discurso oficial del PP y de la Xunta de Feijóo, que no era otro más que Ence tenía una fecha de caducidad "improrrogable en la ría de Pontevedra: el 2018 y ante esta cita solo cabían dos opciones: el traslado a otra localización de la fábrica de Lourizán o el cierre.

La aprobación de la nueva Ley de Costas abre la puerta a la permanencia - así lo reconoce el propio Juan Luis Arregui- y se si a ello se añade que el PP vira su discurso, se entiende que se hayan encendido las alarmas en el gobierno bipartito (BNG-PSOE) de Pontevedra y en los colectivos ecologistas y sociales contrarios al mantenimiento de la pastera en las marismas de Lourizán.

El presidente de la Xunta quiso dejar claro ayer que la puerta que abre la Ley de Costas a posibles prórrogas de concesiones industriales en el litoral no tiene consecuencias "automáticas ni inmediatas" y recordó que el informe ambiental que la administración autonómica tendrá que emitir ante la preceptiva solicitud de ampliación del tiempo de concesión es "determinante" pero no "vinculante" por lo que la última palabra la tiene el Estado que, con la nueva norma en la mano, podrá obviar el dictamen de la Xunta en aras del interés general.

Aunque esto es así Alberto Núñez Feijóo expresaba ayer su absoluto convencimiento de que "el Ministerio de Medio Ambiente no tomará ninguna decisión en contra del informe de Galicia".

Todas las consideraciones y reflexiones apuntadas por el presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia en relación con el futuro de Ence no le impidieron afirmar que "hoy por hoy" la postura de la administración autonómica y del PP es "invariable" ya que para replantearse la fecha de caducidad vigente la compañía debe definir su "oferta" y "hasta ahora no plantea ninguna medida que nos haga cambiar de opinión".

Con este escenario de viraje de posicionamiento del PP respecto al futuro de Ence, el presidente del grupo empresarial declaraba que su objetivo es "continuar generando trabajo y riqueza en Pontevedra y Galicia" por lo que está esperando a que se despeje la incertidumbre sobre la continuidad de la actividad en Lourizán más allá del 2018 "para invertir" en Pontevedra.

Juan Luis Arregui tiene en cartera, si sus previsiones de permanencia se confirman, seguir modernizando la fábrica de celulosas e incrementar su producción y retomar el proyecto de planta energética en Lourizán, para lo que necesita que se levante la moratoria sobre la biomasa.