Desde que la crisis se estableció en la economía la morosidad ha crecido de forma notable y buena prueba de ello es la evolución en la última década del índice de impagos en las tasas e impuestos municipales, un balance detallado casi al milímetro en la disminución de los pagos voluntarios de esos tributos. Si entre 2004 y 2007 el Concello cargaba en la vía ejecutiva una media de 2,6 millones de euros y lograba recaudar su mayor parte, a partir de 2007, con el inicio de la recesión, los fondos que se pretenden ingresar por la vía forzosa (que incluye embargos en los casos extremos) se elevaron hasta los 6,6 millones anuales, más del doble que en el tramo anterior, y la recaudación apenas aumentó, ya que se rondan los 3,5 millones en cada ejercicio.

Este análisis pone de manifiesto la difícil situación financiera que atraviesa la administración local, agravada por la reducción de transferencias del Estado y el aumento del índice de morosidad. Aunque el impago de estas tasas e impuestos afecta a toda la variedad tributaria municipal, los mayores aumentos desde 2007 hasta ahora se han registrado en las multas de tráfico y en el IBI. En el primer caso, los 215.000 euros que no se lograron cobrar por la vía voluntaria hace cinco años, pasaron en 2012 a más de 720.000, lo que supone un aumento de más del 200%. En cuanto al IBI, frente al millón de euros de antaño se ha pasado a más de 2.230.000 actuales. El impago de la tasa del agua, que incluye el riesgo de que se corte el suministro, o del impuesto de vehículos con otros frentes de pérdidas de ingresos por parte del Concello.

En términos concretos, en 2008 se cargaron a la vía ejecutiva 4.574.000 euros, en su mayor parte del IBI, el Impuesto de vehículos y el agua. Cuatro años después, lo cargado ya fue de 7.536.000 euros, por esos mismos conceptos y por las multas de tráfico.

Una de las medidas que tiene en marcha el Concello para contrarrestar este aumento de la morosidad y la caída de ingresos ordinarios es la inspección de los padrones tributarios. En la actualidad están en marcha los del IAE, tratando de incorporar altas ocultas, las tasas referidas a grandes empresas, y sobre todo el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), mediante la detección de edificios que no figuran en el padrón o lo hacen de forma incompleta. Al respecto, una empresa se dedica a "peinar" desde hace unas semanas todo el término municipal, pero hace unos meses se elaboró un análisis preliminar que permitió determinar que al menos mil inmuebles del municipio no pagan el IBI o lo hacen de forma muy parcial, lo que genera una pérdida de ingresos para el Concello de alrededor de un millón de euros anuales. Aquel estudio se centró únicamente en las parroquias de Salcedo y Lourizán, donde se detectaron un total de 223 inmuebles (particulares, pero también públicos y de empresas) que o bien no se han dado de alta en absoluto en el Catastro, o bien figuran con un uso o una superficie mucho menor que el real, lo que implica un recibo del IBI bastante por debajo del que le corresponde.