Los dos grupos del gobierno local, BNG y PSOE, no albergan dudas de que la nueva Ley de Costas "está hecha a medida" para que empresas como Ence continúen en su actual ubicación por 75 años más. El alcalde, Miguel Fernández Lores denunció ayer la "conspiración entre el PP y Ence para consolidar el complejo en Lourizán y esta reforma legal no hace más que confirmar la sucesión de medidas que a lo largo de estos últimos años han adoptado el Gobierno central y la Xunta, que también participa en esa conspiración aunque después haga declaraciones de cara a la galería".

"La declaración del proyecto de Ence como supramunicipal y su negativa a anularlo pese a las sentencias del Tribunal Supremo, la renovación de la Autorización Ambiental Integrada saltándose los informes municipales y otras medidas similares dejan claro que el PP quiere perpetuar Ence en la ría por mucho que luego digan que se tiene que ir", añadió Lores.

Por su parte, el concejal de Ordenación do Territorio, César Mosquera, calificó la Ley de Costas aprobada en el Senado como "una crónica de una actuación anunciada". Insiste en que el "PP, por muchos dibujos y declaraciones que haga para despistar, siempre tuvo entre ceja y ceja al consolidación de Ence y está vendido a la empresa".

PSOE

Desde las filas socialistas municipales, su portavoz y concejal de Urbanismo, Antón Louro, aseguró que la nueva Ley de Costas "es peor que la anterior ya que supone una marcha atrás, un retroceso". Insiste en que la ley aún vigente, la de 1988, era "protectora con el medio ambiente, mientras que esta es economicista, que solo quiere dar respuesta a los intereses económicos de ciertos lobbys para que sus instalaciones continúan en el litoral español".

En referencia a Ence, Louro recuerda que "Pontevedra tenía unas expectativas de que la empresa desaparecería de su actual ubicación en 2018 pero ahora está claro que habrá una prórroga de 75 años en el que la Xunta poco va a tener que decir, porque el informe determinante del que se habla por parte del Gobierno gallego es algo inexistente desde el punto de vista jurídico, que solo acepta los informes consultivos o vinculantes, no determinantes". Por eso el PSOE sostiene que esta reforma normativa del Gobierno de España "se ha hecho en connivencia con la Xunta. Louro también reprocha que la posible solución al conflicto de los núcleos del litoral "queda muy confuso".