La directora xeral de Comercio, Sol María Vázquez, se ha dirigido a la Cámara de Comercio de Pontevedra para pedirle aclaraciones sobre la presencia de Novagalicia Banco en el pleno de la entidad, toda vez que ha llegado al registro general de la Xunta de Galicia, un escrito poniendo en tela de juicio la legitimidad de dicha vocalía. En la comunicación de la responsable autonómica se insta a la Cámara a que "remita un informe" y "lo más rápido posible" sobre esta cuestión.

Según los autores del escrito, NCG Banco no cumple los requisitos exigidos por la normativa vigente para que pueda tener asiento en el pleno de la Cámara pontevedresa ya que estaría incumpliendo el artículo 4 (censo electoral), 5 (electores), 10 (requisitos para ser elegidos) y 60 (vacantes y pérdida de condición de miembro del pleno) del Decreto 431/2009.

No es la primera vez que se cuestiona la representatividad de NCG Banco, que no existía como tal cuando se celebraron las elecciones hace algo más de dos años. Entonces la persona jurídica elegida había sido Novacaixagalicia y por tanto nunca estuvo en el censo electoral. Algunos entienden que la subrogación de empresa sería una ilegalidad.

Esta petición de explicaciones por parte de la Xunta -la Consellería de Economía e Industria es la administración tutelante- abre un nuevo frente fiscalizador en la Cámara de Comercio de Pontevedra y llega meses después de que varios trabajadores y extrabajadores hubiesen denunciado insistentemente la existencia de supuestas irregularidades en la gestión y en el día a día de la entidad. La falta de respuesta a estas denuncias los llevó a solicitar recientemente una entrevista, por el momento sin éxito, con el propio presidente de la Xunta, Núñez Feijóo.

Sobre la Cámara de Pontevedra pesa, a día de hoy, un proceso judicial abierto contra la secretaria de la entidad que está imputada por un supuesto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; tres denuncias en Fiscalía por supuestas irregularidades en la gestión cameral y cinco por acoso laboral presentadas por trabajadores y extrabajadores que promovieron las primeras denuncias y tres demandas de nulidad (o subsidiariamente improcedencia) en el Juzgado de lo Social por otros tantos despidos.

En mayo se celebrará la primera vista oral por despido, en la que están acusados además de la Cámara en su condición de "empleadora", todos los miembros del comité ejecutivo que dio luz verde a las rescisiones laborales, que según los demandantes no obedecen a causas organizativas ni económicas como se aduce sino que son una sanción disciplinaria por haber denunciado ante la Justicia la existencias de posibles ilegalidades.

Consello de Contas

Pero es que además las cuentas de la Cámara pontevedresa correspondientes a los ejercicios del 2010 y 2011, al igual que las de las otras cámaras de la comunidad autónoma, están siendo analizadas por el Consello Galego de Contas que trata de delimitar la viabilidad económica de todas y cada una de las integrantes de la red cameral gallega.