Mejorar la seguridad vial, rebajar los índices de contaminación del aire y acústica e incentivar el uso de medios de transporte alternativos al coche (bicicleta, transporte público). Es el triple objetivo que lleva a la organización no gubernamental Ecologistas en Acción a impulsar una iniciativa ciudadana europea (ICE) para extender, mediante regulación legislativa, la velocidad 30 en todos los pueblos y ciudades de la Unión Europea. Los promotores de esta iniciativa utilizan, entre sus argumentaciones para demostrar la viabilidad del proyecto, a Pontevedra, la primera ciudad del Estado en sumar a la adopción de medidas de calmado de tráfico la rebaja del límite de velocidad en sus vías urbanas a 30 kilómetros por hora. A día de hoy esta parámetro se ha extendido, a petición de los propios vecinos, a las carreteras del rural del municipio.
Corría el año 2010 cuando el gobierno local de Pontevedra decidió dar este paso y desde entonces la decisión pontevedresa fue puesta como ejemplo en distintos foros españoles de seguridad vial y tomada como referencia por la Dirección General de Tráfico (DGT) para la reforma del reglamento general de circulación, además de obtener el reconocimiento internacional con la concesión del premio europeo Intermodes, que distingue proyectos de movilidad y accesibilidad.
Pontevedra comparte los objetivos que avalan la iniciativa legislativa promovida por Ecologistas en Acción pero añade un matiz: la ciudad persigue no solo reducir la siniestralidad viaria sino también "una redistribución de los espacios urbanos para humanizar la ciudad, para devolvérsela a los ciudadanos" explica Daniel Macenlle, intendente principal de la Policía Local y voz del modelo pontevedrés en distintos foros nacionales e internacionales sobre seguridad viaria y accesibilidad.
Un millón de firmas
Para que la presentación de la iniciativa obligue a la Comisión europea a legislar para aplicar la velocidad estándar de 30 kilómetros en la UE, Ecologistas en Acción deberá, en el plazo máximo de un año, recoger un millón de firmas en al menos siete países de la Unión y de ellas al menos 50.000 deberán ser de ciudadanos españoles.
A la campaña de recogida de firmas en España se ha sumado de manera activa el colectivo Andando, la coordinadora ConBici, Stop Accidentes y el sindicato Comisiones Obreras-
"Se sugiere el límite de 30 km/h por defecto en las zonas residenciales" explican desde la organización ecologista internacional, que también aclara que, de salir adelante la propuesta, las autoridades locales tendrán potestad para modificar esta velocidad "si demuestran que respetan las exigencias medioambientales y la seguridad vial de los usuarios más vulnerables", en alusión a peatones y ciclistas. Estudios contrastados demuestran que si un vehículo circula, en vez de a 50 a 30 kilómetros por hora, se reduce la distancia de frenada de 53 a 36 metros y en consecuencia las posibilidades de que un peatón atropellado muera pasa de ser un 45% a ser un 5%, es decir, nueve veces menos.
Este hecho de por sí sería suficiente, en opinión de las organizaciones y colectivos que abogan por humanizar las ciudades para asumir la limitación 30 en las vías urbanas pero, además, añaden desde Ecologistas en Acción, la menor velocidad y la reducción de la intensidad del tráfico contribuye a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de las personas: disminuyen los ruidos, se reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera y se potencian hábitos saludables como caminar o andar en bicicleta y paralelamente se mejora la fluidez del tráfico rodado y la accesibilidad de los ciudadanos con problemas de movilidad.
Todos estos argumentos fueron llevados recientemente al pleno del Ayuntamiento de Madrid en donde fue rechazada una iniciativa de IU para instar la generalización de la velocidad 30 en la capital. En el debate la edil Raquel López sacó a colación el caso de Pontevedra para ejemplificar los beneficios de la medida.
