22 de marzo de 2013
22.03.2013

Los funcionarios de Justicia se concentran para que el Registro Civil siga siendo público

Advierten de que los planes del Gobierno para entregar sus competencias a los registradores de la propiedad "harán pagar a la ciudadanía por actos que hasta ahora son gratuitos"

22.03.2013 | 09:39
Concentración de los funcionarios ante la sede judicial de A Parda, protesta que luego se trasladó al interior del edificio. // Rafa Vázquez

Algo más de medio centenar de funcionarios de la administración de Justicia en Pontevedra se concentraron ayer ante la sede de los juzgados de A Parda, en donde está ubicado el Registro Civil, para exigir al Gobierno que frene lo que estos trabajadores públicos denominan como la privatización de este servicio a manos de los registradores de la propiedad. Durante la protesta, que se prolongó aproximadamente una hora, las ventanillas del Registro de Civil de A Parda permanecieron cerradas al público.

Esta movilización, convocada por las centrales sindicales CC OO, STAJ, CIG, SPJ, USO, CSIF y UGT, tiene como principal objetivo reclamar al Ministerio de Justicia que dé marcha atrás en este proyecto que podría entregar las competencias de los registros civiles a registradores de la propiedad y mercantiles en el año 2014 o 2015. Los funcionarios quieren llamar la atención pública sobre el enorme calado que tendía la nueva ley para el conjunto de la ciudadanía que "se verá abocada a pagar por trámites que hasta ahora eran gratuitos, puesto que ya los pagábamos a través de nuestros impuestos", señaló Manuel Valle, portavoz de CSIF.

Valle explicó que el proyecto de ley mantiene la gratuidad de tan solo para dos de las inscripciones que se realizan actualmente en el Registro Civil, el nacimiento y la defunción del administrado, pero "en el medio de estos dos hechos hay toda una vida en la que se hacen 50.000 trámites (seguros de vida, matrimonios, otorgamiento de poderes...) por los que habrá que abonar un arancel y no habrá que pagar al Estado, algo que todavía sería entendible en estos tiempos de crisis, si no que irá directamente al bolsillo de unos señores". Tras llamar la atención sobre el hecho de que el presidente del Gobierno y alguno de sus familiares más cercanos son registradores de la propiedad, los sindicatos aseguraron que con esta ley el Ejecutivo dejará en manos de estos profesionales "un negocio" que les reportará a nivel estatal 700 millones de euros al año en beneficios.

Los funcionarios de Justicia contaron con el apoyo del juez decano de Pontevedra, Ignacio de Frías, quien se sumó a esta concentración.

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