La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) recurrirá ante la Fiscalía el Plan Especial del Puerto, con el que se pretende legalizar los rellenos declarados ilegales, en caso de que dicho plan llegue a aprobarse. El colectivo ecologista considera que hay "razones suficientes" para "pedir responsabilidades" a los cargos públicos que faciliten la comisión de lo que el vicepresidente de APDR, Benito Andrade, calificó de "delito ambiental y de prevaricación".
En este sentido, los portavoces de la agrupación han cuestionado el papel de quienes son o han sido partícipes de la autorización de los rellenos portuarios, desde la secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, hasta los presidentes de la Autoridad Portuaria (María Ramallo, Tomás Iribarren, Juan Carlos Surís y José Benito Suárez Costa) en los últimos años. Extienden la acusación al director del puerto y al responsable del departamento de desarrollo.
Benito Andrade sostiene que la Autoridad Portuaria de Marín ha estado "evadiendo siempre" la realización de un estudio de impacto ambiental, que la APDR reclamó para determinar cómo han influido los rellenos en la alteración de la dinámica marina.
Aseguran que ha afectado a la productividad de unos bancos marisqueros que en los últimos años daban empleo a un millar de personas. Andrade y el presidente de APDR, Antón Masa, esgrimieron un informe de la lonja de Campelo que en 2011 determinó que se habían perdido 400 puestos de trabajo en este territorio.
Desde la APDR tildan de "absurdo" el motivo por el que la Autoridad Portuaria defiende la inejecución de la sentencia que obliga a retirar los rellenos: "Igual que fue posible rellenar sin provocar impacto, según ellos, también se puede desmontar los rellenos", ha replicado el vicepresidente de la asociación.
Demanda
"No se pueden amparar en que el mal puede ser mayor", añade Antón Masa, argumentando que la ejecución de los rellenos fue "ilegal" a tenor de la sentencia judicial del Tribunal Supremo, por lo que "no tenían que haberse producido nunca".
Por otra parte, APDR ha presentado una nueva demanda ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para pedir que se retire a Ence la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que el colectivo ecologista considera que la Xunta otorgó de manera "irregular e ilegal". La APDR critica las "contradicciones" de la Xunta ante la situación de la empresa, a la que acusa a su vez de hacer "chantaje" a las Administraciones.
El colectivo ambiental cuestiona la voluntad del Gobierno autonómico de no facilitar la permanencia de la fábrica pastera en su actual ubicación más allá de 2018, cuando finaliza la concesión de los terrenos, independientemente de si prospera la modificación de la Ley de Costas, que le permitiría prorrogar por 75 años más su permanencia junto a la ría.
