La "economía sumergida" y el intrusismo no deja de crecer en la comarca de Pontevedra y las constantes denuncias que presentan las asociaciones de autónomos no han impedido que este fenómeno se haya disparado, a juzgar por el incesante número de reclamaciones que entidades como APE-Galicia, que preside el pontevedrés José Ramón Caldas, formula casi a diario. Si hace un año estas quejas se referían en su mayoría a talleres y fontaneros "clandestinos", ahora las denuncias se extienden a otras actividades, en especial en el sector de las peluquerías e incluso en el de las rederas.
Así se pone de manifiesto en un extenso informe que elabora APE-Galicia para entregar a las autoridades laborales y exigir una intervención más exhaustiva en este campo. Aunque la variedad de casos de "intrusismo" aumenta, uno de los apartados más preocupantes es el de los talleres ilegales de reparación de vehículos. Si en abril pasado la Asociación Autónoma de empresarios de Talleres de Reparaciones de Vehículos de Pontevedra habían detectado la presencia de al menos 151 locales "clandestinos" en la provincia, a día de hoy ya son 252 las denuncias, sobre todo por "falta de licencias y de las autorizaciones pertinentes". Un 20% se ubican en la comarca, en municipios como Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Cuntis, A Lama, Moraña, Campo Lameiro, Vilaboa, Marín, Barro y Ponte Caldelas.
Por su parte, Foncalor e Instalectra, que agrupa a profesionales de fontanería y electricidad respectivamente han pasado de 68 denuncias en 2012 a más de un centenar en la actualidad, y pide la colaboración de "los distribuidores de combustibles para evitar colaborar con instaladores ilegales que no cumplen ni los requisitos legales ni sus deberes tributarios". El intrusismo laboral en este sector generó los últimos dos años, pero especialmente en 2012, el cierre en la provincia de Pontevedra de "alrededor de 350 empresas", según la Asociación Autónoma Provincial de Instaladores de Fontanería, Calefacción, Gas, Climatización, Electricidad, Mantenimiento y afines de Pontevedra (Foncalor). La cifra se eleva a las 1.500 firmas afectadas a nivel de Galicia.
Pero a estas actividades donde la economía sumergida se detecta desde hace años, ahora se han sumado al menos dos sectores más que también han solicitado el amparo de APE-Galicia para hacer frente a este fenómeno. Uno de estos colectivos es el de los peluqueros, que además de ver como hace unos meses se deparaba el IVA en sus servicios, han comprobado como en los últimos meses se multiplicó el número de negocios sin autorización, que se realizan en domicilios o locales "clandestinos" y que cifran en unos 20 en la ciudad de Pontevedra y en un centenar en toda la provincia.
A su vez, otros autónomos afectados son las rederas, donde el número de denuncias ya supera el centenar, entre ellas en municipios con tradición pesquera como Marín, Poio o Sanxenxo. APE-Galicia afirma que este sector "se encuentra en la peor situación desde 2004" cuando se creó la federación de Redeiras Artesanais O Peirao. Recuerda que en 2012 la Xunta planteó unas 20 plazas con cualificación nacional que fueron cubiertas por rederas asociadas, pero en la actualidad se calcula que "la economía sumergida que hay detrás de la confección y reparación de redes representa más de un 80% de toda la actividad".
Esta campaña contra el intrusismo y la economía sumergida se inició hace un año, tras un acuerdo de la junta directiva, en la que se puso sobre la mesa la conclusión de que "la economía sumergida puede considerarse como un problema histórico y su importancia es minusvalorada desde hace tiempo".
