La comunidad de montes de Mourente no descarta la vía judicial como posible fórmula para "evitar el tremendo impacto negativo" que en varios puntos de la parroquia provocarían las obras del plan de Acuanorte para mejorar el suministro de agua a la ría, si bien su presidente, Carlos Morgade aún confía en que "el Concello actúe para minimizar los efectos del proyecto". La empresa pública acaba de desestimar todas las alegaciones formuladas por este colectivo contra el plan, en especial en lo que se refiere a la ubicación de un depósito en Castrosenín, que afectaría, según los vecinos, a un yacimiento arqueológico, y al paso de las tuberías, que no discurrirán por caminos públicos sino por fincas privadas y montes comunales.

Aunque la respuesta a estas alegaciones ya ha sido comunicada por escrito a todos los concellos implicados, Morgade aseguró ayer que todavía no ha recibido ninguna respuesta al respecto por parte de Acuanorte, por lo que aún aspira a que se pueda llegar a un acuerdo sobre algunas de sus reivindicaciones, en especial al cambio de ubicación del citado depósito. Señala al respecto que "se nos comunicó en su día que se realizarían una valoración económica de nuestras alternativas y con los datos encima de la mesa se nos explicarían las razones de que se elija una opción u otra", cita que todavía no se ha celebrado.

Entre las razones que Acuanorte cita para no instalar las tuberías bajo caminos públicos figuran problemas como la ampliación del tiempo de obras, riesgos de estabilidad al pasar el tráfico por encima y baches en las tapas de acceso. Morgade advierte de que argumentar posibles causas económicas para desestimar esa reclamación "sería invitarnos directamente a ir al contencioso porque la Ley de Expropiaciones de 1954 no admite esa posibilidad como excusa". Si se llegara a la vía judicial, aún sin decidir, las obras y todo el proceso podría demorarse por lo que Morgade advierte de que "de ser así, después que no se quejen de que se incumplen los plazos o se pierden los fondos europeos" que financian el 70% del proyecto. Sin embargo, el presidente de los comuneros prefiere mantenerse cauto hasta recibir por escrito la respuesta a las alegaciones y analizarla con detalle.

Aún así, se declara "sorprendido" de que los concellos sí estén ya notificados sobre esas reclamaciones y no los directamente afectados, por lo que se pregunta si los ayuntamientos "son parte del proyecto o son meros intermediarios".