Todos los concellos implicados en este ambicioso proyecto mantuvieron en la tarde del pasado lunes una reunión de trabajo con Acuanorte en la que, además de conocer el resultado final de las alegaciones, se analizó el proceso de financiación de todos el plan, que rondará los 33 millones de euros.
La financiación FEDER, que inicialmente era de solo 13,7 millones de euros, fue elevada por la Dirección General del Agua hasta los 23,1 millones, lo que supuso un importante alivio para las arcas de los cinco concellos implicados, toda vez que su aportación económica se reduce un 55%. Si hasta ahora estaban obligados a entregar 11,1 millones (el 35% del total) y a devolver en 45 años otros 6,9 a Acuanorte, con este nuevo reparto la inversión municipal queda reducida a 4.950.000 euros (el 15%), y el préstamo de la empresa pública será de igual cuantía (otro 15%).
En este último punto han surgido algunos problemas, según explicó ayer el concejal pontevedrés César Mosquera, quien asegura que Acuanorte no logra cerrar un crédito bancario "a un tipo de interés razonable" y sin cerrar esa financiación no es posible licitar y adjudicar las obras de la margen izquierda, para Marín y Vilaboa. Una posible solución es que Pontevedra cubra ese vacío adelantando de golpe toda su aportación.
