10 de febrero de 2013
10.02.2013

"Lejos de tópicos, el abogado de oficio es un profesional con experiencia y bien formado"

"Es de justicia que el letrado vea siempre satisfecha su remuneración, sin perjuicio de que luego la administración repercuta el coste sobre el usuario, si realmente éste tiene bienes"

10.02.2013 | 01:00
Luis Nieto, en su visita al Colegio de Abogados de Pontevedra. // R. V.

Luis F. NIeto - Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE

"La justicia gratuita es un auténtico servicio público que presta la abogacía y a través del cual se garantiza el acceso a los tribunales de aquellos ciudadanos que no tienen recursos para litigar y de aquellos colectivos más vulnerables". Con estas palabras resaltaba el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, Luis Francisco Nieto, la importancia de la labor que desarrollan los abogados de oficio en España. Lo hizo durante una conferencia en el Colegio de Abogados de Pontevedra en la que analizó la situación actual de este servicio.

-¿Cuál es el estado actual del servicio de justicia gratuita en esta época de tantas reformas en materia de Justicia?

- En primer lugar es necesario destacar la importancia de este servicio, pues afecta a derechos constitucionales fundamentales como son la igualdad de los ciudadanos ante la ley o la tutela judicial efectiva. El modelo que rige en España establece que es un servicio que se presta y gestiona a través de los Colegios de Abogados por letrados libres e independientes que se adscriben al servicio. Son más de 6.000 profesionales en toda España que hacen posible la asistencia a quien no dispone de recursos las 24 horas del día, los 365 días del año en todo el territorio nacional y en todos los órdenes jurisdiccionales. Lejos de tópicos, el abogado de oficio es un profesional muy bien formado y con gran experiencia. La media de edad es de 42 años y tiene entre 13 o 14 años de experiencia. Se trata de una labor que está bastante reconocida tanto en las encuestas realizadas a los usuarios como por todos los operadores jurídicos e incluso ha sido premiada recientemente por los periodistas especializados en el ámbito jurídico. Por tanto, también es necesario poner en valor la figura del abogado de oficio. Gracias a su esfuerzo y a su trabajo, con muy poca remuneración, se sacan adelante más de 1.700.000 asuntos al año en España.

-¿Y en cuanto al proyecto de ley que está en proceso de elaboración y elevado recientemente al Consejo de Ministros?

-La primera reflexión es que después de 17 años en vigor, la ley actual necesitaba una reforma que la adapte a la realidad social y económica, así como a los cambios legislativos que se han producido. En segundo lugar, rechazamos que se vincule la Ley de Justicia Gratuita con una Ley de Tasas desproporcionada contra la que la abogacía ya ha manifestado casi unánimemente su rechazo. La Ley de Tasas es una decisión del legislador que no debe afectar a un servicio como el de Justicia Gratuita que tiene que ser sufragado directamente por la administración. Un aspecto positivo es que, después de 17 años, el legislador sigue confiando el modelo a los colegios de abogados para que el servicio lo presten profesionales libres e independientes. Esto es un síntoma de que el servicio funciona y tiene calidad. En el aspecto negativo cabe señalar que el proyecto de ley no aborda todas las lagunas existentes. De todos modos, estamos en una fase incipiente de la tramitación y todavía se pueden subsanar estas carencias.

-También hay novedades en lo que se refiere a los posibles beneficiarios...

-Se modifican los límites para obtener la concesión del servicio. Con carácter general se elevan, pero no en todos los casos. Por ejemplo, en el supuesto de que el solicitante sea el único miembro de la unidad familiar se reduce de los 14.910 euros anuales al año a 12.780 euros. También se amplía a determinados colectivos los beneficios de justicia gratuita, sumando a las víctimas de violencia de género, a las de trata de blancas y a los menores. Para los trabajadores hasta ahora no tenía coste acceder al orden de lo Social, pero ahora en segundas instancias habrá de reconocerse. También podrán acceder al servicio las víctimas de accidentes con invalidez. Nosotros no nos oponemos a cualquier ampliación de derechos, pero si es verdad y ponemos de manifiesto que puede dar lugar a situaciones discriminatorias o injustas de unos colectivos frente a otros, o entre unos ciudadanos y otros, al romper con el criterio general que es el de posibilidad económica.

-Uno de los conflictos en Pontevedra se refiere a los problemas con el pago por los servicios prestados por parte de la administración, ¿es algo extensivo al resto de España?

-Es una de las reivindicaciones que tiene la abogacía en primera línea. Entendemos que el profesional en todo caso tiene que ver satisfecha su remuneración, que además es más bien escasa. Lo que se está haciendo es que funcione la rueda del Estado de Derecho y si, por cualquier razón, ese beneficiario de la asistencia finalmente no aporta la documentación oportuna o hay algún problema formal que provoca que no se le reconozca el derecho, pues el abogado se puede encontrar con que no cobra de la administración y que tampoco puede ver satisfechos sus honorarios por parte del usuario.

-¿El nuevo anteproyecto de ley mejora esta problemática?

- En la exposición de motivos del anteproyecto de ley sí reconoce esta pretensión pero el articulado no acaba de ser lo exhaustivo que debería ser y simplemente reconoce los primeros cinco días de actuación como garantizados en todo caso. Es una batalla que estamos librando porque creemos que es de justicia que el profesional, poco o mucho (más bien poco), cobre por la actuación que realice sin perjuicio que después la administración repercuta en el ciudadano que realmente tenga bienes (en el caso de que hubiera falseado sus datos) el coste de esta actuación.

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