10 de febrero de 2013
10.02.2013

El decano espera que la Xunta resuelva el retraso con el que la Comisión Provincial tramita los expedientes

10.02.2013 | 01:00

Una problemática común en toda España es la tardanza de las administraciones en abonar el dinero correspondiente a los servicios prestados por el turno de oficio. Así lo confirmaba el decano de los abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, quien participó en la jornada que organizó el Colegio de Pontevedra sobre Justicia Gratuita. La Junta de Andalucía, por ejemplo, adeuda a este órgano el 50% de las actuaciones en materia de justicia gratuita llevadas a cabo el pasado año.
En Pontevedra esta situación se agrava por la problemática especial que suscita el retraso de la Comisión Provincial en la resolución de los expedientes. "Hay casos en los que la Xunta finaliza el expediente un año después", recuerda el decano Ramón Jáudenes, "y si decide que el solicitante no tiene derecho a este servicio, a lo mejor simplemente porque no presentó un papel, solicitan al Colegio de Abogados que devuelva el dinero que ya abonó al profesional". Para el decano del Colegio de Pontevedra sería imposible trabajar así y se pregunta qué ocurriría si a un médico le solicitan que devuelva parte de su salario si se comprueba que el paciente al que atendió no tenía derecho a dicha asistencia.
El Colegio de Abogados de Pontevedra puso este hecho en conocimiento de la Xunta "en reiteradas ocasiones". El propio Ramón Jáudenes trasladó esta problemática al conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, cuando accedió al decanato. Sin embargo, la situación no mejoró. Muy al contrario, la Xunta continuó realizando más y más reclamaciones de devolución, lo que provocó que incluso el Colegio de Abogados tuviera que llevar al juzgado alguna de ellas. La situación fue de tal "gravedad" que en diciembre se celebró una asamblea para denunciar estos hechos y anunciar que si no se resolvía el problema podría haber una baja masiva de letrados del turno de oficio.
La propia Xunta solicitó a los abogados dos meses de plazo para solventar la situación y Jáudenes confía que a finales de febrero, el funcionamiento de la Comisión de Justicia Gratuita de Pontevedra se haya normalizado. "Nuestra colaboración con la Xunta será máxima", asegura.
Además, niega que el retraso en el funcionamiento de la Comisión sea imputable a una deficiente tramitación por parte del Colegio de Abogados, que traslada a la Xunta puntualmente cada semana los expedientes.

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