10 de febrero de 2013
10.02.2013
El acceso a la Justicia por parte de los más desfavorecidos

La crisis aumenta la demanda de asistencia jurídica gratuita y suma 950 casos cada mes

El Colegio de Pontevedra atendió en el año un 1,63% más que en el ejercicio anterior, cuando ya hubo un aumento importante - Se dio asesoramiento a más de seis mil detenidos - Alrededor de 400 letrados integran las guardias

10.02.2013 | 04:10

Los letrados del turno de oficio del Colegio de Abogados de Pontevedra realizaron a lo largo del pasado año 11.358 asistencias jurídicas gratuitas, es decir, una media de 950 casos al mes. Esta cifra que supone de nuevo un incremento importante en la entrada de asuntos a este servicio con respecto al ejercicio anterior, cuando ya se registró este fenómeno. Concretamente, el aumento fue de 182 asuntos, un porcentaje del 1,63%. Una mayor carga de trabajo que se achaca, entre otras cuestiones, al aumento del número de beneficiarios de este servicio con motivo de la crisis económica, entre otros aspectos.

El número de asistencias se disparó especialmente en el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Pontevedra. Atendido por 10 profesionales, esta unidad asume el asesoramiento previo a los peticionarios de justicia gratuita. Es decir, se ocupan de aquellas personas que acuden a solicitar información sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para su reconocimiento y prestan auxilio en la redacción de los impresos que es necesario cumplimentar. Durante 2012 se tramitaron un total de 4.532 expedientes en este servicio, es decir, se incrementó en un 9,20% con respecto al año anterior el número de personas que acudieron al Colegio de Abogados a solicitar información o tramitar peticiones de justicia gratuita.

El Colegio de Abogados ha dispuesto, para el funcionamiento de este servicio, de un despacho en la sede colegial de la Audiencia Provincial que permanece abierto de 12 a 14 horas y en donde dos letrados se entrevistan personalmente con los solicitantes. También ordenan y tramitan sus solicitudes para su traslado a la Xunta de Galicia.

De todas estas peticiones, la mayoría se refieren a asuntos del orden civil (con 2.900 asuntos), seguidos del penal (1.038), el Contencioso-Administrativo (122), luego están las materias de índole laboral (74 expedientes) y finalmente las causas de la vía penal especial (un total de 14).

Otro de los aspectos fundamentales del servicio de justicia gratuita es el de asistencia a detenidos. El pasado año los 400 letrados que integran el turno de guardia permanente en los distintos partidos judiciales de competencia territorial del Colegio de Pontevedra atendieron a un total de 6.826 detenidos por las fuerzas de seguridad.

La guardia permanente se realiza diariamente por cuatro letrados en el partido judicial de Pontevedra, tres en Vilagarcía y Cambados y dos que prestan sus servicios en el resto de partidos judiciales de la provincia.

La memoria del Colegio de Abogados de Pontevedra sobre el servicio de justicia gratuita también recoge el trabajo de la Comisión del Turno de Oficio, que tiene como finalidad dirigir y vigilar el funcionamiento del sistema. Durante el pasado año se celebraron un total de 11 reuniones en las que se trataron un total de 426 asuntos, como altas y bajas de letrados en los distintos servicios, renuncias a las designaciones efectuadas, renuncias de los letrados por la insostenibilidad de la pretensión del usuario o quejas por la actuación de los letrados designados, entre otras cuestiones.

Que la crisis ha disparado el número de solicitudes de justicia gratuita es una realidad que no es exclusiva de Pontevedra, sin embargo, el sistema sí tiene en la provincia una problemática añadida y que en los últimos años vienen denunciando los abogados. Para ellos existía hasta ahora un "funcionamiento anómalo" en la Comisión Provincial de Justicia Gratuita (que decide si un solicitante tiene derecho o no a este servicio) debido al importante retraso que acumulan los expedientes.

Retrasos en Pontevedra

Concretamente, denunciaban que en ocasiones llegaban a tardar más de un año en finalizarlos, de tal forma que cuando se resolvía el expediente, el trabajo profesional estaba ya hecho. Si el resultado del mismo es negativo para los intereses del usuario, la administración estaba pasando el problema a los letrados al dejar en sus manos el cobro de la cuantía correspondiente al administrado (si todavía no se había pagado) o reclamaba al Colegio de Abogados la devolución del dinero que había cobrado el profesional por dicha asistencia. Un trabajo que se había realizado y cobrado, a lo mejor, hace un año. El incremento exponencial del número de devoluciones solicitadas por la Xunta llevó a los abogados pontevedreses a amenazar con darse de baja de forma masiva en el turno de oficio.

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