En pleno debate sobre la reforma del mapa judicial, la Fiscalía Provincial de Pontevedra ha vuelto a insistir en la necesidad de centralizar los juzgados en los núcleos poblacionales más importantes. Su fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, es un firme defensor de dividir la provincia en dos grandes partidos judiciales –o como "máximo" en tres–, uno con cabecera en Pontevedra y otro en Vigo, y en las memorias anuales de la institución que representa siempre aboga por la concentración de demarcaciones. La última, presentada esta semana, no es una excepción. En la misma, en la que se alude a que Vigo con su área de influencia es "uno de los núcleos de población y de actividad judicial más importante del estado", se califica de decimonónica y "absurda" la actual dispersión de partidos –en la provincia hay 13– y defiende la "concentración" por suponer "un mejor servicio" y "una palpable y manifiesta reducción de costes".

El dibujo territorial de la Justicia está de actualidad. El Consejo General del Poder Judicial propone un nuevo mapa y, sobre la provincia de Pontevedra, plantea provisionalmente reducir de 13 a 5 los partidos. En el caso de Vigo, que asuma el de Redondela. Algo que los jueces vigueses ven "insuficiente", por lo que ya reclamaron en un informe que la ciudad aglutine todos los del sur provincial. En la misma línea irán las alegaciones del Colegio de Abogados. Y en la memoria de la Fiscalía presentada esta semana se insiste en esta necesidad.

La propia Fiscalía provincial ya está dividida en su sede principal en Pontevedra, la Fiscalía de Área de Vigo –con competencia desde 2009 en todo el sur provincial– y una sección territorial en Arousa. "Como ya pusimos de manifiesto el año anterior, el desarrollo horizontal de esta Fiscalía es una realidad y se produce así una auténtica acomodación a una realidad geográfica y demográfica incuestionable, habida cuenta que Vigo, así como su área de influencia, supone sin duda alguna uno de los núcleos de población, y de actividad judicial, más importante del estado", se señala, añadiendo: "Nuestro sistema de distribución territorial funciona con más racionalidad que el derivado de la demarcación judicial [...]".

En esta línea, la memoria destaca que frente a la "fuerza y pujanza" de sedes judiciales como Vigo, "nuestra labor cotidiana nos hace desarrollar nuestra actividad en el ámbito territorial de partidos judiciales de escaso porte jurídico", que no solo "no justifican la existencia de un partido judicial", sino tampoco la del propio ente jurídico "que supone el ayuntamiento". En la provincia, concreta, hay 62 municipios, "que ejercen una dura presión política para crear y desarrollar órganos judiciales, pese a que la estadística judicial no los justifica".

Para la Fiscalía, "la actual situación es más propia del siglo XIX, donde estaba justificado crear un órgano judicial en las inmediaciones de cada localidad". Eso hoy es "a todas luces absurdo", ya que los medios de comunicación, la reducción de distancias y la facilidad de los ciudadanos para desplazarse "propician la posibilidad de la concentración", sin que suponga "un menoscabo de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración de Justicia".

En la memoria se agrega que Vigo sería, "en términos de comparación con un contingente naval", el "portaaviones" de la Fiscalía provincial por el volumen de trabajo de la ciudad y su área.