En medio del renacido debate acerca de la concesión de Ence sobre sus terrenos de Lourizán y su conclusión "improrrogable" en 2018, el Ministerio de Medio Ambiente acaba de dar el primer paso en firme para reintegrar al dominio público otra parte de la fachada marítima de Pontevedra hacia la ría, a pocos metros del complejo industrial. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha abierto el proceso de caducidad de la concesión otorgada hace casi setenta años a la extinta Construcciones Malvar, en Mollabao.
Sin embargo esta decisión de Costas no obedece a una iniciativa propia ni a ningún proceso administrativo de oficio, sino que responde a una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ordenó en 2008 a la entidad ministerial poner en marcha esta caducidad. Dos años tardó Costas en atender la orden judicial, hasta el punto de que el alto tribunal gallego llegó a remitir varios escritos al ministerio y a reclamar el nombre del funcionario responsable de la demora, según asegura el colectivo vecinal pontevedrés que inició este pleito en su día y que ahora ve cómo logra salir adelante.
Diez días de exposición
Costas acaba de exponer al público, por un periodo de diez días, "el expediente de caducidad de la concesión otorgada a Thais de Picaza Mejías para ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, con destino a parque de materiales y oficinas, en el lugar de Mollabao" y que ocupa 10.176 metros cuadrados al borde de la antigua carretera a Marín y lindante con la autovía.
El fallo del TSXG ratificaba otro anterior y ya no admitía posibles recursos. No obstante, pese a que el documento judicial se dirige contra Costas, en realidad las mayores consecuencias irán para la viuda del fundador del grupo empresarial. Aunque éste fue vendido a la multinacional OHL, la concesión figura a nombre de De Picaza, quien se personó en el desarrollo del caso, y que estaría obligada a dejar la parcela en su estado original. Además, el mandato no afecta a todas las instalaciones que el grupo Malvar mantenía en esta ubicación, sino únicamente a la parte que está incluida dentro de la franja de titularidad marítimo-terrestre. Por lo tanto no resulta afectado el sector que la empresaria pontevedresa vendió al constructor Nino Mirón hace varios años. De hecho, desde entonces figura un cartel que anuncia esa adquisición, para un hipotético desarrollo urbanístico que nunca se ha concretado.
La única actividad a la que parecía estar destinada esta extensión sobre la que recayó la sentencia es la de almacén de maquinaria y de material para la construcción, pero sin uso. Los denunciantes se valieron de ese continuo desuso para reclamar la recuperación de la parcela y ése también es el fundamento por el que optó el TSXG para confirmar la sentencia anterior y obligar al Estado a comenzar con esta tramitación.
Parque de maquinaria
Una vez que concluya este expediente, se podrá fin a una concesión otorgada hace casi setenta años, el 21 de septiembre de 1942 a favor de José Malvar Corbal para la "edificación de viviendas económicas". Ese uso nunca llegó a cumplirse y en enero de 1949 se modificó el destino en "parque de maquinaria y oficinas", con el que se mantiene en la actualidad. El 30 de junio de 1964 esa autorización se traspasó a los herederos de Malvar Corbal y en 1969 el titular ya era José Malvar Figueroa, hasta que en 1996 pasó a manos de Thais de Picaza, actual destinataria de esta caducidad emprendida por Costas.
Este paso a favor de recuperar antiguos terrenos marítimo-terrestres ocupados por empresas se produce en medio de un nuevo episodio sobre la permanencia o no de Ence en Lourizán, una presencia que todos los partidos políticos limitan ahora, de forma unánime al año 2018. De hecho, el PSOE asegura que el Ministerio de Medio Ambiente anunció por escrito que la concesión a esta empresa finaliza irrevocablemente ese año y no hay cabida para una posible prórroga.
El colectivo vecinal que inició este pleito tiene en marcha otro proceso similar, referido esta vez a una planta de hormigón también en Lourizán. Según su versión, la empresa ocuparía unos terrenos próximos a Ence cuya concesión fue otorgada en su día a un particular para "fines agrícolas", no para el uso industrial que tienen ahora. El caso corresponde esta vez a la Audiencia Nacional y confían en que la sentencia se produzca en dos o tres meses.
