A las puertas de la Navidad del año 2004, agentes de las unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero de la Guardia Civil realizaban registros simultáneos en más de 17 establecimientos comerciales de las provincias de Pontevedra y A Coruña y detenían a los supuestos integrantes de una red de blanqueo de dinero procedente del tráfico de estupefacientes. Se iniciaba la "Operación Cormorán", uno de los golpes más importantes a las tramas de lavado de dinero negro.
Casi cinco años después, la Fiscalía ya ha formulado acusación contra 36 personas implicadas pero todavía no hay fecha para que se sienten en el banquillo. Piden penas que suman 182 años para los supuestos integrantes de esta trama que pudo blanquear hasta 12 millones de euros, según las informaciones publicadas entonces.
La complicada madeja de la "Cormorán" sigue dando de sí y, mientras el juzgado de Caldas intenta digitalizar el sumario (escaneando los miles de folios que lo integran) para entregarlo a las defensas, la Fiscalía acaba de solicitar al instructor del caso el embargo de nuevas propiedades que se vinculan a los implicados en la trama. Se trata de fincas o bienes que, en principio, se escaparon al control de los investigadores pero que los informes de los peritos han permitido relacionar con la supuesta red de blanqueo.
Un total de 49 inmuebles
Así, se siguen sumando nuevas piezas a la ingente cantidad de bienes decomisados y embargados a los 36 acusados en este operativo policial. La fórmula elegida para tejer la presunta red de narcoblanqueo era muy sencilla, según se recoge en el escrito de acusación: los testaferros de los principales acusados simulaban ser los titulares de 49 inmuebles repartidos por toda la geografía gallega (principalmente en Arousa y Barbanza) e incluso en Asturias. También se intervinieron 10 sociedades mercantiles, 900.000 euros en depósitos y unos 35 vehículos, además de 1,8 millones de euros en metálico.
En la cúspide de esta trama el Ministerio Público sitúa al ribeirense José Antonio Pouso Rivas, alias "Pelopincho". Según el fiscal, Pouso, de 48 años y condenado por la Audiencia Nacional en dos ocasiones a 4 y medio y 8 años de prisión por pertenecer a redes de transporte de hachís y cocaína; se concertó con el resto de los acusados para ocultar el importante patrimonio obtenido a través de esta actividad ilícita. En un segundo escalón estaría el hombre de "entera confianza" de "Pelopincho", según la acusación pública. Se trata de Benito Suárez Bouzón. Otra pieza clave en el entramado sería el abogado pontevedrés Manuel Franco Argibay, quien supuestamente fue contratado por Pouso Rivas para que le asesorara a la hora de ocultar estas adquisiciones de patrimonio y transmisiones de bienes. Los tres se enfrentan a peticiones de 6 años de cárcel y multas millonarias.
