"Pontevedra atravesa agora o peor da crise e iso tamén se ve reflexado na actividade xudicial". Con esta frase el secretario comarcal de Comisiones Obreras, José Luis García Pedrosa, quiso llamar la atención sobre el colapso que sufre el Juzgado de lo Social en la ciudad debido al aumento de los procedimientos relacionados con conflictos laborales, tales como deudas o peticiones para obtener cobros del Fondo de Garantía Salarial. Según apuntó la situación deriva en que cualquiera que presente una demanda tendrá que esperar hasta 15 meses para obtener una sentencia. Por ello desde esta central se ha solicitado formalmente al Gobierno que refuerce este equipamiento, tal y como ha ocurrido en otros 19 partidos judiciales de España.

Pedrosa advierte de que el retroceso económico por el que está atravesando la comarca capitalina se está traduciendo en un aumento de la carga de trabajo para los magistrados y por ello se insta al Ejecutivo, a través de la subdelegación de Pontevedra, que nombre un juez más durante un período de seis meses. "É unha medida provisional e xa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoñecía a necesidade de máis salas en Pontevedra", apunta el líder sindicalista. La propuesta que ha trasladado para mitigar este problema reside en una medida que se aplica a aquella ciudades con cinco o más salas de lo Social.

Pontevedra cuenta únicamente con tres, pero Pedrosa cree que le corresponde beneficiarse de esa normativa debido al momento específico que atraviesa la economía de la ciudad y su entorno. Así recordó que de las regulaciones de empleo que se han puesto en marcha en Galicia desde que comenzó el año, el 70% corresponden al territorio de la provincia pontevedresa.

Desde Comisiones aseguran que las demoras que se originan en el atasco actual conducen a que "un traballador que reclame agora cartos que lle debe un empresario terá que agardar posiblemente ata 2011 para obter unha sentencia". Y es que cifran en una media de 13 meses la espera para que se celebre la vista a partir del inicio del procedimiento. A ello habría que sumar otros tres desde ese punto hasta que se dicte la correspondiente sentencia.

Según denuncia Pedrosa, debido a ello el que peor parado sale es el trabajador. "Si a un empregado o empresario lle debe por exemplo mil euros pero lle ofrece 500 para non ir a xuízo, o afectado vai aceptar para non ter que esperar todo ese tempo a unha resolución xudicial". vaticina.