La Asociación del Pueblo Gitano confía en que el juzgado dicte una "sentencia ejemplar" en el caso de los vecinos de Monte Porreiro acusados de "amenazas y coacciones" contra personas de esta etnia, en el juicio que se celebrará el próximo 15 de octubre en Pontevedra. El colectivo gitano gallego, integrado en la Unión Romaní Internacional, insta al tribunal a dictar penas ejemplarizantes "para que estos hechos no vuelvan a suceder ni aquí ni en ningún otro lugar".
Los hechos juzgados son los referidos a las movilizaciones vecinales contra dos familias de etnia gitana, realojadas por la Xunta en pisos del barrio de Monte Porreiro, como solución provisional al desmantelamiento del poblado chabolista de O Vao.
Cinco denunciados
"Pueblo Gitano" denunció a las personas más destacadas de esta oposición vecinal a la presencia de gitanos en el barrio. En concreto son cinco los imputados, entre ellos el ex presidente de la asociación de vecinos, Ángel Mario Lago.
Las movilizaciones vecinales ocurridas en marzo de 2008 ante las viviendas de los realojados, lograron que finalmente los gitanos abandonasen el barrio y fuesen trasladados a otros puntos de la comarca.
El colectivo gitano considera que es necesario imponer penas que erradiquen estos impulsos racistas, "para que la sociedad entienda que no se puede tomar la justicia por su mano guste o no el vecino, o sea cual sea su color de la piel; todas las personas tenemos derechos constitucionales que no se pueden violar como ha sucedido con las familias gitanas procedente de O Vao", expone la portavoz de la asociación calé, Ana Curra.
"Pueblo Gitano" apunta que aquellas familias expulsadas del barrio decidieron por voluntad propia realojarse en Monte Porreiro, "voluntad que fue arrebatada por los imputados, que mediante coacciones, amenazas y desórdenes públicos secuestraron la libertad de estas familias a vivir en Monte Porreiro".
Para el colectivo calé, los motivos que llevaron a estos vecinos de Monte Porreiro a actuar de esa manera fueron actitudes "xenófobas y envenenadas de racismo, ya que la acusación de estos cinco vecinos hacia las familias gitanas se basaban en un supuesto, supuesto que nunca se ha demostrado, tal como paso con los vecinos gitanos que se realojaron en Ponte Caldelas", donde se realojó una de las familias.
"En este caso también alegaban que se podía convertir en un foco de ventas de drogas y después de casi dos años se ya demostrado que es totalmente falso", expone la portavoz del colectivo gitano.
La asociación recuerda, por otra parte, que "cuando se ha detenido a personas payas con un gran alijo de drogas en la zona, los vecinos no se manifestaron ni exigieron, a pesar de que se confirmó el delito, la retirada de esas familias del barrio y sin embargo con las familias gitanas que fueron acusadas de un delito que no cometieron, les exigieron, en contra de su voluntad que abandonen su hogar".
"Pueblo Gitano" se pregunta por ello "¿por qué a las familias gitanas que no fueron nunca detenidas por trafico de drogas se le exige irse, mientras que a las familias payas que si fueron detenidas por tráfico de drogas no se les exige que se marchen de Monte Porreiro?".
Entiende por ello que existe una "clara violación" de los derechos de las familias gitanas, "motivado por las amenazas de muerte que recibieron dichas familias por parte de estos cinco imputados, entre otros".
Entre las amenazas recuerdan que se produjeron manifestaciones "sin permiso" ante las viviendas, "agresiones con palos a las viviendas, petardos o tiros de madrugada", o consignas como "si no os vais, leña, leña" o también "fuego, fuego".
