El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que el concello comenzó a elaborar en 2004 para regir el urbanismo local durante los próximos 25 años, entró ayer, definitivamente, en su fase decisiva. Un coche municipal cargó a mediodía las 14 cajas con documentación con destino a la Xunta, para que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas inicie su estudio en profundidad. Su opinión, obligada y vinculante, será la clave para saber si el trabajo realizado por Consultora Galega en los últimos 68 meses (el doble del plazo inicialmente previsto) podrá reemplazar al viejo PGOU de 1990.
El concejal que tutela este Plan, César Mosquera, destacó que "la voluntad municipal es que entre en vigor en este mandato", pero reconoce que a partir de ahora el futuro del documento ya no está en manos del concello, por lo que reconoce que "es muy difícil" que antes de las elecciones de la primavera de 2011 el PGOM pontevedrés cuente con todos los parabienes.
La Xunta dispone de un plazo legal de tres meses para cumplimentar su informe. Mosquera afirma que el Gobierno gallego tiene interés en agilizar al máximo sus estudios, pero en realidad pocas veces se cumplen esos plazos. En el mejor de los casos, el gobierno local no tendrá noticias hasta principios de 2010 y con total seguridad, reconoce el edil, habrá que introducir modificaciones, tanto por posibles errores como por incumplimientos de normativa. Además, está en ciernes una nueva modificación de la Lei do Solo, a la que tendrá que adaptarse el documento. Si todo discurriera con excepcional normalidad, en torno al verano se podría decidir su aprobación inicial, que implica la suspensión de la concesión de licencias y la inmediata exposición al público, proceso que permitiría dar a conocer un amplísimo documento que, hasta entonces, se declara secreto. La suspensión de licencias no afectaría por igual a todo el municipio. Terrenos ya consolidados, como buena parte del casco urbano o polígonos en desarrollo, quedarían al margen de esa medida, pero sí se aplicaría en los núcleos rurales y en aquellos puntos que obtengan la calificación de urbanizables.
Pero aún será necesario recabar al menos doce informes sectoriales más (Costas, Ferrocarriles, Carreteras de la Xunta y del Estado, la Diputación, Medio Ambiente, Patrimonio, Navegación Aérea...), todo ello sin contar que sea necesario modificar en profundidad el proyecto actual y remitirlo de nuevo a la Xunta, por lo que, ni las previsiones más optimistas, garantizan su entrada en vigor en este mandato.
Además, el PGOM no cuenta con el consenso que se reclamaba desde el principio. La corporación municipal está dividida, con un PP que cuestiona severamente el documento, al estimar que "está ya obsoleto y no es ambicioso", si bien asegura que durante esta fase de tramitación "no pondrá palos en las ruedas". Probablemente adopte otra actitud a partir de la llegada del informe de la Xunta, el más importante documento urbanístico que reciba el concello desde que tramitó el anterior PGOU, hace dos décadas.
Desde 2004
El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) se adjudicó a la empresa Consultora Galega en enero de 2004 (aunque no se firmó el contrato hasta marzo) por 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 35 meses, que venció a finales de 2006. Pero hasta octubre de 2007 no se conoció la primera documentación oficial, el Avance, que se expuso al público durante dos meses. Su contenido, que se reproduce en parte en el borrador definitivo enviado ayer a la Xunta, apuntaba un horizonte para 2025 de una población estimada de 100.000 habitantes y unas necesidades de nuevas viviendas de 24.000 hogares. Entonces se proponía aumentar el casco urbano un 30% aproximadamente, sobre todo hacia las parroquias de Lourizán, Mourente, Lérez y Marcón. La recalificación de suelo se planteaba en unas 400 hectáreas, con capacidad para 18.000 viviendas. Las seis mil restantes hasta 24.000 procedían de los terrenos ya edificables a día de hoy, pero sin utilizar todavía.
Ence, campus, hospital
Aquel Avance establecía también una decena de espacios para actividades industriales y empresariales, con 2,2 millones de metros cuadrados, pero esa superficie ya ha sido ampliada en los debates municipales posteriores. Además, se apostaba por ampliar el campus universitario en sus inmediaciones, hacia las marismas del Alba y proponía trasladar el Estadio da Xuventude. Así, el documento sugería que los terrenos de Ence (que el PGOM no admite en su actual ubicación ni ofrece alternativas) se destinen a una "gran Ciudad del Deporte". Otro apartado polémico será el hospitalario, ya que se reservan 250.000 metros cuadrados en los alrededores de Montecelo, no en Monte Carrasco, como defiende ahora la Xunta.
