Los sindicatos demandaron ayer que las administraciones ayuden a los sectores que favorecen la economía "productiva e sostible", pero pidieron también la introducción de cláusulas de "salvaguarda e control". Además, urgieron medidas para supervisar los expedientes de regulación de empleo (ERE) ante la proliferación de empresas que atraviesan dificultades a causa de la crisis. Todo en una reunión con el alcalde de Pontevedra, en la que participaron UGT y CIG y tras la que se dio a conocer que la Xunta convoca al comité y dirección de Trèves para abordar el ERE propuesto por la compañía.
Con el objetivo de "articular propostas para mellorar a situación", los responsables comarcales en Pontevedra, Ramón Vidal y Rafael Iglesias, respectivamente, se citaron con Miguel Anxo Fernández Lores y la portavoz del gobierno local, Anxos Riveiro. Analizaron la situación laboral y social, marcada por la coyuntura que afecta a empresas como las constructoras Casas Novas e Indeza, la fábrica de Tréves en el sector de la automoción o Nefab.
Iglesias solicitó al edil local la convocatoria del Consello Económico e Social ante la "gravidade" del panorama económico en Pontevedra. Precisamente la CIG reunirá hoy a su dirección comarcal para proponer la convocatoria de movilizaciones. Iglesias considera que será "difícil" que otras centrales sindicales se sumen a las protestas, argumentando que "están pola tranquilidade".
Por otra parte, el comité de empresa y la dirección de Tréves fueron convocados por la Xunta para este viernes a una reunión por la Inspección de Trabajo para analizar el ERE propuesto por la compañía. Ante el "informe favorable" hacia los trabajadores, según indicó Rafael Iglesias, y a falta de un pronunciamiento por parte de la Xunta, desde la CIG proponen "recolocar a unha parte do personal" en la otra fábrica que Tréves tiene en el polígono de O Campiño, dedicada a la producción de asientos.
Inspección laboral
Ante los casos de ERE que son rechazados por la Xunta, el secretario comarcal de UGT afirmó que "precísase e bótase de menos unha boa e forte inspección laboral". En este sentido, su homólogo en la CIG criticó a las empresas que "aproveitan as subvencións para, á primeira de cambio, cunha pequena perda, soltar lastre por vías concursais e facer despidos baratos".
Ramón Vidal puso como ejemplo el caso de los bancos, argumentando que "se a Administración interven nunha empresa ten que ter control sobre ela, non pode dar o diñeiro e nada máis". Con respecto al sector de la construcción, que en la comarca de Pontevedra cuenta con varias empresas que superan el centenar de trabajadores, Rafael Iglesias expresó su preocupación ante el futuro de algunas de ellas, ante la previsión de que "de cara ao inverno vai aumentar o paro, o que conlevará unha situación difícil".
