El alcalde de Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez, exige al Concello de Poio que cumpla la resolución judicial y anule los contratos de alquiler en virtud de los cuales dos familias gitanas residen en la parroquia de Caritel. La sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Pontevedra dictaminó la nulidad de estos contratos, por considerarlos fuera de las competencias del Concello de Poio “en materia de servicios sociales y reinserción social”. De este modo se reaviva un conflicto que se inició hace más de un año en Caritel.
El fallo judicial argumenta que “forzar la legalidad para salvar un problema político o social tiene como consecuencia socavar las bases del Estado de Derecho”.
El grave problema de convivencia que generaron los desalojos de varias familias de etnia gitana del poblado chabolista de O Vao sigue dando que hablar varios meses después. El concello de Poio compró en su día un inmueble en Caritel para cederlo en régimen de alquiler a dos familias del poblado cuyas chabolas habían sido derribadas por orden judicial. El realojo se hizo efectivo pese a la oposición de los habitantes de la zona.
El regidor de Ponte Caldelas explica que “esta sentencia anula el acuerdo que adoptó Poio el 4 de febrero de 2008, porque dice claramente que el acto de realojo de las familias a través de los contratos de arrendamiento en las viviendas supone un ejercicio extraterritorial de la competencia municipal del ayuntamiento de Poio en materia de servicios sociales y reinserción social”.
Rodríguez explica que “nada impide que un ayuntamiento pueda tener inmuebles en otro término municipal, según para qué usos vaya destinado. Podríamos pensar que Poio pudiera comprar un inmueble en Ponte Caldelas para promocionar Combarro, por ejemplo. No le pondríamos ningún problema, pero esto es diferente”.
Rodríguez puntualiza que “después de esta sentencia espero que el Poio dé marcha atrás, rescinda esos contratos, porque están basados en un acuerdo que la sentencia anula, y que vuelva la paz social a Caritel, la convivencia normal, y que Poio busque una solución para esos realojos dentro de su término municipal, que es lo que tiene sentido”.
Ante esta sentencia cabe un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Rodríguez espera que no se emplee esta opción, porque “sería un error mantener un recurso para ganar tiempo y alargar este conflicto más de un año, que podría tardar en el TSXG. Sería mantener un conflicto social y se podría seguir alterando la convivencia en Caritel”.
Sin embargo, el alcalde de Poio, Luciano Sobral, ya ha anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior.
La sentencia del juzgado pontevedrés es clara al afirmar en referencia a Poio que “el acto de realojo de las familias de etnia gitana a través de los contratos de arrendamiento en las viviendas sitas en Caritel-Ponte Caldelas supone un ejercicio extraterritorial de sus competencias” .
Perfecto Rodríguez comunicó a los vecinos de la zona la sentencia vía telefónica, y en la tarde de ayer se reunió con ellos para darles más detalles.
El alcalde les mostró su total apoyo. Al respecto, indicó que “ellos han sido tachados en muchos medios y por una parte de la opinión pública como que esa oposición a los realojos era motivo de racismo o de xenofobia, y ahora hay una sentencia que nos da la razón en el fondo a los que desde un principio nos opusimos porque se hicieron mal y de manera ilegal”, explica.
Diálogo
El regidor es consciente de la magnitud del problema que tiene Poio, y le tiende la mano para el diálogo y la mediación ante la Xunta.
“Desde el principio dije que el problema de los realojos del poblado de O Vao era complejo y difícil. El ayuntamiento de Poio es el que lo tiene. Ponte Caldelas tiene otros muchos problemas pero no tiene un problema de un poblado chabolista. No sé si el ayuntamiento de Poio tiene medios propios para hacerlo o si necesitará apoyo de la Xunta. Yo me brindo a colaborar con ellos y a mediar con la propia Xunta en su caso”.
Por último, Rodríguez expresó su intención de hablar con Sobral en breve. “Voy a intentar ponerme en contacto con el alcalde de Poio. Si todos reconocemos que esto se hizo mal desde el principio debemos encontrar una solución satisfactoria, pero yo voy a exigir que esta sentencia se cumpla”, concluyó.
El presidente de la asociación del Pueblo Gitano de Galicia, Sinaí Giménez, se reunió con las dos familias que están involuntariamente en el ojo del huracán para comunicarles la sentencia y transmitirles “tranquilidad”.
“Esperamos que el Concello de Poio recurra la sentencia -como efectivamente hará-, nuestra asociación luchará para que se constituya una comisión sobre el asunto de Caritel, de seguimiento e integración, como estábamos haciendo con la anterior Xunta”, dice el representante de la etnia gitana.
Por último, Giménez aseguró a estas dos familias que seguirán en viviendas dignas.
“Si estas familias tienen que marcharse de Ponte Caldelas, el Concello de Poio está obligado a buscarles unas viviendas dignas”, concluyó.
